MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado este jueves que la decisión de la Audiencia Nacional de revocar parcialmente el auto de procesamiento contra los imputados en la causa en la que se investiga el chivatazo a ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' "reconoce que hay delito" pero "no está claro quién lo ha cometido".
"Sigo considerando alta traición lo que ha ocurrido en el 'Faisán' y la resolución reconoce que hay delito. ¿Qué delito es? Avisar a ETA de que va a venir la Policía. Si a usted eso no le parece grave, pues imagínese", ha afirmado la presidenta madrileña tras el Consejo de Gobierno de los jueves.
"Sigo donde estaba. Lo que le han dicho al juez es que hay delito pero no está claro quién lo ha cometido, que siga investigando", ha añadido la presidenta, que ha insistido en que es "lo más grave que ha ocurrido en España" en materia antiterrorista.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado revocar parcialmente el auto de procesamiento contra los imputados en la causa en la que se investiga el chivatazo a ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán', al entender que no hay "indicios suficientes" que lo justifiquen, informaron fuentes jurídicas.
Los 14 magistrados que componen este órgano han acordado, por unanimidad, estimar parcialmente los recursos de apelación presentados por las defensas de los procesados y devolver la causa al juez instructor, Pablo Ruz, para que amplíe la investigación y realice más diligencias.
El tribunal no entra en la calificación jurídica de estos hechos y, por lo tanto, no se pronuncia sobre si estos pudieron constituir o no un delito de colaboración con organización terrorista. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pidió este martes que la causa se enviara a un juzgado de Irún al entender que los procesados no tenían la intención de "ayudar a ETA" sino que perseguían "otras motivaciones".
En la causa se encuentran procesados desde el pasado 13 de julio el exdirector general de la Policía Víctor García-Hidalgo, que habría ordenado el chivatazo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, que lo habría llevado a cabo; y el inspector José María Ballesteros, que se habría desplazado hasta el 'Faisán'. El juez instructor, Pablo Ruz, cree que el soplo impidió la detención de miembros de la banda terrorista ETA y permitió su financiación a través de la extorsión a empresarios.
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