MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las tres sanciones que la Comunidad de Madrid impuso a la residencia de ancianos Juan XXIII desde su apertura en 1992 se derivaron de inspecciones de oficio y dieron lugar a la imposición de multas económicas, sin relación alguna con presuntas vejaciones o malos tratos a los internos, explicó hoy a Europa Press un portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
En este sentido, el departamento autonómico defendió la diligencia con que ha actuado en el caso de este centro geriátrico privado, situado en Alcobendas y sobre el que pesa desde esta mañana una orden de cierre cautelar por presunto trato vejatorio. "Hemos actuado en cuanto ha habido sospecha del mínimo riesgo para los ancianos, hemos ido todo lo rápido que se puede proceder", se argumentó.
Esta resolución, no obstante, está aún pendiente de ejecutarse dado que, al ser una residencia totalmente privada, procede esperar que los familiares de los 52 mayores decidan su traslado a otras plazas residenciales o, en su caso, a sus domicilios, un proceso en el que contarán con la "orientación" de la Consejería.
