MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido el desalojo del edificio de la calle Luna 32, en el distrito Centro, "en cumplimiento de la ley, dando soluciones a las personas en situación de vulnerabilidad, y ante una serie de patologías del inmueble, que pueden poner en riesgo su estabilidad y afectar a la seguridad de las personas".
Almeida se ha referido al desalojo administrativo que ha tenido lugar desde las 8.30 horas de este miércoles años después de expropiar este edificio de Malasaña, el antiguo Palacio de la Infanta Carlota. El plan de expropiación del edificio de la calle Luna se aprobó en 2005 y desde el área de Desarrollo Urbano se iniciaron las actuaciones de desahucio administrativo hace un año.
"SE ESTABA OKUPANDO DE MANERA ILEGAL"
Almeida ha aseverado que el desalojo "se ha realizado de acuerdo a la legalidad y se ha hecho porque se estaba okupando de manera ilegal". "A las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento se les ha ofrecido las correspondientes soluciones", ha añadido.
El regidor ha apostillado que el edificio "está en una situación estructural difícil". "No podemos permitir que pueda correr ningún riesgo para la seguridad de las personas", ha remarcado.
"A eso ha obedecido el desalojo de la calle Luna, al cumplimiento de la ley, se les ha dado soluciones a las personas en situación de vulnerabilidad y tiene una serie de patologías que puede correr riesgo la estabilidad del inmueble y afectar a la seguridad de las personas", ha enumerado el alcalde.
Por su parte, el concejal de Más Madrid Javier Barbero ha criticado que el alcalde no hace "nada por la población más vulnerable". "Ha habido tiempo más que suficiente para plantear alternativas habitacionales y viviendas", ha señalado.
"Esta es la política habitual del señor Almeida de vivienda", ha censurado Barbero, quien ha asegurado que el Ayuntamiento ha tenido mucho tiempo para negociar con las familias y ofrecer salidas "reales".
Además, ha reprochado que el Ayuntamiento de Madrid tenía que tener un parque de vivienda pública "suficiente". "La vivienda es un derecho, no es un negocio", ha añadido. También, ha cargado con la "criminalización de la pobreza y de toda la vida social que intenta proteger derechos" en la capital, ante el despliegue policial en la zona.
PROTESTA DE LOS AFECTADOS
Los vecinos de Luna 32 han protestado frente a esta situación y han trasladado que en el inmueble se encuentran familias con niños a su cargo y sin trabajo. Además, varios de ellos han señalado que no piden "vivir gratis" sino que el Ayuntamiento les facilite un alquiler social que puedan pagar con sus ingresos.
A ello, han añadido que el Consistorio no les ha ofrecido ninguna alternativa, sino solo tres meses de acogida y "nada más".