PSOE atribuye el carácter "urgente" de la norma al "interés particular de Aguirre de resolver una docena de nombramientos"
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Gestora del Partido Socialista de Madrid y ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró hoy que el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Modernización del Gobierno y la Administración regional que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la semana pasada "presenta notables indicios de inconstitucionalidad porque vulnera preceptos estatales".
Por ello, Narbona anunció que, en caso de que se apruebe en las condiciones en las que está, "el Gobierno analizará la posible inconstitucionalidad de la norma" que, según apuntó, "supone un auténtico atropello en términos de calidad democrática y, además de no contener ninguna medida urgente de las necesidades y del interés general de la Comunidad de Madrid, responde a urgencias e intereses particulares de la señora Aguirre y de sus consejeros".
La ministra consideró que el proyecto "vulnera" la Ley de Montes en lo que se refiere a la modificación en materia de agentes forestales, ya que la norma estatal "establece el carácter de autoridad" de los mismos, mientras el texto "exige a los agentes autorización judicial para acceder a montes de titularidad privada, lo que supone más de 70 por ciento de los montes de la Comunidad".
"Una ley de la Comunidad no puede cambiar una ley básica", recordó Narbona, quien indicó que, en caso de aprobarse el actual proyecto, "los agentes no podrían ejercer su labor preventiva y de inspección en los montes privados". "El Ministerio de Medio Ambiente no va a permitir semejante atropello respecto de una Ley básica concebida para el interés general de todos los ciudadanos", advirtió.
Tras acusar a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de defender "a los propietarios de los espacios forestales justamente en este momento del año", explicó que el texto "deroga el artículo de la Ley autonómica que crea el cuerpo de agentes forestales e introduce en contra de una Ley estatal la exigencia de que, nada menos, los agentes, cuya función es la de prevenir cualquier delito ecológico e incendios, tengan que venir con autorización judicial".
Asimismo, apuntó que la norma "también es recurrible porque invade competencias de la Administración de Justicia al decir, desde una Ley autonómica, qué tipo de autorizaciones tienen que dar los jueces". "Eso no lo puede hacer Aguirre", continuó la ministra.
VULNERACIÓN DE LA LEY DEL SUELO
Narbona se refirió además a ciertos "indicios de que se conculca la Ley estatal en materia de Suelo" que requiere que cada comunidad desarrolle su propia reforma legislativa "acorde con las exigencias de esa nueva Ley a escala estatal", aprobada el pasado mes de mayo.
"La Ley básica, respecto a la utilización del suelo rural, establece que sólo excepcionalmente se puede usar para otras actividades, mientras en el texto aprobado por el Consejo de Gobierno se le da toda una serie de posibilidades, incluyendo ese uso deportivo, entiéndase campos de golf, para ocupar suelo calificado como suelo rural o protegido", indicó Narbona.
Por ello, la socialista aseguró que lo que "se tiene que producir es la elaboración de una Ley del Suelo acorde con la Ley básica del Estado, para desarrollar una estrategia territorial, que nunca ha querido el PP que exista". "Es más cómodo que exista discrecionalidad y que un consejero decida si un planeamiento le va bien o no, en base a un impacto territorial que no tiene ninguna referencia en estos momentos", añadió.
Otro de los "indicios de inconstitucionalidad" que destacó la ministra se refiere a las exigencias que establece el texto en materia de obras hidráulicas de interés general, ya que, según explicó, "ninguna Ley autonómica puede poner exigencias a las obras de interés general del Estado que sean de carácter hidráulico, porque sólo las puede regular una Ley estatal".
Tras reincidir en que el proyecto de Ley "invade competencias del Gobierno de la Nación", Narbona exigió que se "retire esta norma" y recordó a la presidenta regional que durante el debate de investidura se comprometió a "gobernar para todos" y, ahora, "su primer acto legislativo es un bodrio, un atropello que va en contra de una mínima exigencia de calidad democrática". "Es algo que los socialistas no podemos aceptar en absoluto", dijo.
La ministra y presidenta de la Gestora estuvo acompañada por la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Matilde Fernández, el alcalde de Fuenlabrada y vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Manuel Robles, además de algunos regidores de municipios madrileños como los de Coslada, Parla, Alcorcón y Aranjuez, entre otros.
FERNÁNDEZ: "RESOLVER NOMBRAMIENTOS"
Por su parte, Fernández destacó que el texto "ni es urgente ni moderniza nada de la Administración", además de "fallar en el procedimiento y en la forma". "No justifica el procedimiento de urgencia ni se ha informado a quienes forman parte de lo que pretenden cambiar como, entre otros, a la FMM", indicó.
"Pretende cambiar nueve normas, desde una del 1983 hasta una del 2003, en una semana y media", señaló la portavoz, quien acusó al PP de "acuñar de cara a los ciudadanos" una Ley de Modernización de la Administración que únicamente "responde al interés particular de Aguirre al resolver una docena de nombramientos, permitiendo la acumulación de cargos como el de diputado con el de viceconsejero, la compatibilización de la docencia y el salario con altos cargos, o la compatibilidad de miembros de la Administración del Estado y de la Autonomía con puestos en Caja Madrid", explicó.
ROBLES: "MALTRATO A LOS AYUNTAMIENTOS"
Así, Robles no dudó en calificar de "bodrio" la Ley y considerarla "una forma de maltrato e intento de tutelar a los ayuntamientos madrileños". También aseguró que recoge "aspectos graves" como el establecimiento de las edificaciones a cuatro alturas que, según adelantó, "va a elevar el precio de la vivienda protegida en Madrid".
"Lo que se ha intentado vender como un modelo urbanístico diferente que tiene que ver con las alturas va a encarecer la vivienda", reiteró el edil, a lo que añadió que la norma "de crecimientos horizontales va a ir en detrimento de espacios públicos y zonas verdes en los desarrollos que se planteen".
Finalmente, señaló también como un "aspecto grave" del texto "el hecho de que para aprobar un Plan General de Ordenación Urbana, que debe ser iniciativa de los ayuntamientos, se introduzca un informe de impacto territorial, además de los informes de impacto medioambiental que ya establece la Ley del Suelo, cuando "el Gobierno regional no ha sentado las bases de la elaboración de un plan de estrategia territorial que defina a qué modelo de región se debe ir".
