El fiscal pide seis años de cárcel para tres ex concejales del Ayuntamiento de Madrid cuando era alcalde Álvarez del Manzano
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid decidió esta mañana suspender el juicio contra tres ex concejales del Partido Popular y varios empresarios implicados por el 'Caso Funeraria' ante la ausencia de uno de los imputados, el holandés Jan Marie Baptiste Rouppe Van der Voort.
Así, la defensa de este procesado manifestó ante la sala que "ha sido imposible localizarlo", razón por la que el fiscal, las defensas y las acusaciones particulares solicitaron la suspensión de la vista oral. "Todos los indicios señalaban a que este señor quería acudir, pero ha sido imposible localizarlo", dijo el representante del Ministerio Público, quien añadió que Rouppe Van der Voort "no ha manifestado voluntad" de obstaculizar la acción de la justicia, por el que pidió el aplazamiento del juicio.
El presidente del tribunal aceptó la solicitud del representante de la Fiscalía --a la que se adhirieron tanto las defensas como las acusaciones--, y estableció el próximo 4 de junio como fecha para iniciar la vista oral. Añadió que se intentará contactar con Rouppe Van der Voort por todos los medios, incluido la Interpol, pero que si no se le localiza "se comenzará el juicio en junio y este imputado será declarado en rebeldía".
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto comenzar hoy el juicio, quince años después de la supuesta venta fraudulenta de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y tras ser la segunda vez que se suspende la vista, ya que en el año 2003 se retrasó para evitar que su celebración interfiriera en cuestiones electorales.
82 AÑOS DE CÁRCEL PARA NUEVE INCULPADOS
El fiscal acusa a el ex diputado regional Luis María Huete, a los dos ex concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Antonio Moreno, al presidente de Funespaña y otras cinco personas más de alterar precios, prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y falsedad documental, por lo que pide un total de 82 años de prisión para los nueve encausados.
El abogado de Rouppe Van der Voort explicó ante la sala que ha hecho todo lo posible para encontrarlo pero "no le ha podido citar". "Tengo dos teléfonos y una dirección de correo electrónico y no hemos conseguido ponernos en contacto con él", aclaró. Ante la posibilidad de que Rouppe Van der Voort fuera enjuiciado en otra fecha (separado de los demás encausados), su letrado alegó que "esa vista oral no cumpliría con todas las garantías procesales, aparte de la complejidad que supondría duplicar el juicio".
Por su parte, las defensas de los otros ocho inculpados manifestaron que sus clientes quieren que se celebre el juicio "cuanto antes para demostrar que no cometieron ninguna irregularidad", pero entendieron que "lo prudente y razonable es suspender la vista hasta que se localice al procesado".
En este sentido, el abogado de Luis María Huete, Luis Rodríguez Ramos, apuntó a los medios que "la propuesta del fiscal era razonable, porque de lo contrario se podía producirse la nulidad de todo el procedimiento, lo que supondría que tendría que repetirse". "Esperaremos al 4 junio, fecha hasta la que hay tiempo para citar en forma a este ciudadano holandés y celebrar, por fin, este juicio tan esperado", dijo Rodríguez Ramos. Huete, dijo su letrado, "quiere que cuanto antes se esclarezcan los hechos para demostrar que no existió ningún tipo de irregularidad en su actuación como autoridad municipal".
IU Y PSOE, DE ACUERDO CON LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO
Mientras tanto, los acusaciones particulares, ejercidas por Juan Francisco Pla en representación de Inés Sabanés (IU) y por José Mariano Benítez de Lugo en nombre de Ruth Porta (PSOE), se mostraron conformes con la decisión del tribunal. "Hacer otro juicio para Jan Marie Baptiste Rouppe Van der Voort supone dividir la continencia de la causa, lo que es peligrosísimo desde el punto de vista jurídico", ya que supondría la posibilidad de que se anulara el juicio y tener que repetirlo, indicó Benítez de Lugo.
El tribunal tendrá que decidir si hubo delito en la privatización aprobada el 22 de diciembre de 1992 con la adjudicación del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a la compañía Funespaña por 100 pesetas (0,60 euros). El escrito del fiscal señala que los concejales con el Gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano, Antonio Moreno Bravo, Simón Viñals Pérez y Luis María Huete Morillo, "concibieron la idea de poner cuanto antes la gestión de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su particular agrado y confianza, (para lo cual) aceptaron cualquier perjuicio económico que pudiera derivarse de las arcas del Ayuntamiento".
El escrito de conclusiones provisionales del representante del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, pide seis años de prisión para los tres concejales y 10 años de inhabilitación en cargo público, así como 19 años de cárcel y 22 de inhabilitación para José Ignacio Rodrigo, presidente de la empresa Funespaña y abogado. Asimismo, el fiscal pide que se reintegren al Ayuntamiento de Madrid las acciones vendidas.
Así, la Fiscalía dictamina que uno de los acusados, el abogado José Ignacio Rodrigo, tuvo acceso directo a la información de la situación jurídica, económica y de posibilidades comerciales de la funeraria municipal y "sobre todo acerca de la posición favorable de sus responsables políticos a la privatización". Rodrigo, según el texto, se formó el propósito de "obtener personalmente una importantísima ventaja económica" con el apoyo de los concejales acusados.
El texto del fiscal añade que el gerente de la Funeraria municipal en ese entonces, Francisco Yánez, "desatendió" los intereses de la empresa para que "se adoptaran soluciones tendentes a mejorar o a simplemente no empeorar de modo innecesario la situación financiera". "En particular Huete y Viñals (ex concejales acusados) omitieron deliberadamente cualquier tipo de actuación en este sentido", prosigue.
Las conclusiones provisionales del Fiscal indican que los procesados aprovecharon el Pleno Municipal para que se aprobaran propuestas formuladas "por diferentes grupos de muy diversa naturaleza y sentido, manifiestamente incompatibles, algunas de las cuales implicaban inequívocamente el mantenimiento del cien por cien del capital social en manos del Ayuntamiento". El acusado Moreno dictó un decreto, "eligiendo de manera caprichosa y parcial" una de las propuestas, ordenaba dar entrada en dicha empresa a la iniciativa privada en porcentaje máximo del 49 por ciento en concurso público".
Mientras tanto, el texto explica que el abogado Rodrigo se puso en contacto con otro de los acusados, Valdivia Gerada, representante legal de Funespaña, "para asegurarse una importante participación lucrativa de la privatización". El fiscal señala que Funespaña en ese momento era una empresa "carente de medios personales y materiales, dedicada hasta entonces a coordinar telefónicamente los traslados de cadáveres de una localidad a otra".
El juez considera provisionalmente que en el entramado de Rodrigo y Valdivia, el primero aportaría los fondos necesarios, de los que carecía Funespaña, para hacerse con el control de la Empresa Mixta y el servicio funerario de Madrid. A cambio, Rodrigo "se aseguraba una importante participación en el capital social que debería permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de las operaciones".
