MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el decreto de la Comunidad de Madrid que desarrolla la Ley de Prevención del Tabaquismo y ha solicitado su suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso "debido a los graves perjuicios que podría producir su vigencia durante ese tiempo".
La ministra, Elena Salgado, dijo que el decreto madrileño, que permite fumar en bares de trabajo y en bodas, y que retrasa seis meses el plazo de aplicación de la ley, "es la suma de todas las flexibilidades", contraviene al Consejo de Estado y supone "una flagrante violación de la Ley".
Salgado indicó que en el caso de Madrid "ya son muchos los meses que se conocen las líneas básicas" y ya ha habido ocasión para manifestarse sobre las mismas. "No es momento de requerimientos para que procedan a su modificación, es momento de defender la salud de los madrileños", agregó la ministra en una rueda de prensa ofrecida con motivo de la presentación de una campaña sobre desayunos saludables.
Según Salgado, el Ministerio "tiene que ser muy consistente en la lucha contra el tabaquismo, y esa es la mejor noticia que podemos darle a las personas que están enfermas de enfermedad obstructiva crónica y prevenir más casos en el futuro".
"VA MÁS ALLÁ".
Se trata del cuarto recurso presentado por el Ministerio de Sanidad contra los decretos autonómicos que desarrollan la Ley, tras los interpuestos en La Rioja, Castilla y León y Comunidad Valenciana, autonomías todas ellas gobernadas por el PP, si bien el Ministerio considera que el madrileño es "el que va más allá".
"Es especialmente contundente y flagrante, yendo más allá que el resto de normas autonómicas recurridas hasta el momento, y supone un claro desafío no sólo a la legislación estatal y al Parlamento de la nación, que aprobó la norma por unanimidad, sino incluso al sistema constitucional de reparto de competencias entre administraciones", señaló Sanidad en un comunicado.
El Ministerio recordó que el Consejo de Estado, al dictaminar el decreto, apreció que incumplía la ley nacional en diversos aspectos y pidió al Gobierno regional que lo modificara. Sin embargo, Madrid sólo ha recogido algunas de las objeciones relativas al procedimiento sancionador y medidas reeducadoras, "pero no aquellas que son señaladas como claros incumplimientos de la norma estatal".
Esto se ha puesto de manifiesto de forma clara, según Sanidad, en la disposición transitoria del decreto en la que se concede un plazo de 6 meses para la adaptación de los locales de restauración, cuando la propia ley ya concedió un plazo de 8 meses desde su entrada en vigor, que culminó el pasado 1 de septiembre. "Con este nuevo plazo transitorio, los dueños de los locales que todavía se encuentran en situación de incumplimiento no sabrán a qué normativa han de adaptarse, lo que hace inaplicable la ley estatal", indicó.
El Ministerio destacó como otro aspecto que supone una "violación frontal" de la ley el relativo a la ampliación de los lugares en los que se permite fumar a los bares de centros de trabajo, las bodas y celebraciones privadas y los actos conmemorativos de los centros de trabajo.
Por otro lado, considera "especialmente grave" la consideración que hace el decreto madrileño de los 'espacios reservados', una figura que en la ley está prevista exclusivamente para los clubes privados de fumadores. El decreto madrileño permite que en cualquier establecimiento de hostelería o 'asimilado' se puedan reservar espacios en los que se permita el consumo de tabaco, cualquiera que sea su superficie, lo que contraviene la norma básica. Además, permite que estos reservados puedan exceder la superficie que marca la ley para las zonas habilitadas para fumar.
Sanidad se refiere además a otros incumplimientos de la norma, como señalar que los sistemas de ventilación bastan para separar zonas de fumadores y no fumadores, o la forma de medir las dimensiones de los locales. Por último, destaca que incumple la normativa nacional en lo referente a los establecimientos en los que se desarrollan dos o más actividades.
SANIDAD LAMENTA EL "DESAFÍO".
El Ministerio lamentó "profundamente" el "desafío" planteado por la Comunidad de Madrid a una ley aprobada por todos los grupos parlamentarios, que ha sido respaldada por organizaciones médicas, sociedades científicas, asociaciones de consumidores, agentes sociales, "y cuya aplicación en los centros de trabajo ha sido ejemplar y no ha generado ningún problema".
Además, acusó al Gobierno madrileño de actuar de forma "demagógica" al aludir a la libertad y la dignidad de los ciudadanos para aprobar el decreto. Según Sanidad, la normativa estatal no tiene como finalidad la erradicación del consumo del tabaco ni la persecución de los fumadores, "sino la preservación de los espacios colectivos en los que se produce una confrontación entre dos derechos".