Publicado 06/07/2015 21:32CET

Anulada la concesión del servicio de atención al cliente del Canal de Isabel II que suponía su traslado parcial a Lima

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha anulado la adjudicación del contrato de 'servicios de gestión y atención al cliente del Canal de Isabel II' a la empresa que ha venido prestando el servicio desde su externalización hasta ahora y que pretendía deslocalizarlo parcialmente a Lima (Perú).

Así consta en un acuerdo de dicho organismo fechado el 12 de junio al que ha tenido acceso Europa Press, con el que se ha estimado la reclamación presentada por una de las empresas que concurrieron al concurso, que "deberá reiniciarse redactando nuevos pliegos".

El motivo de la anulación es, sobre todo, la vulneración de los principios de transparencia, igualdad y no discriminación en el proceso de evaluación de ofertas que se ha llevado a cabo, aunque también se considera el hecho de que la empresa concesionaria pretendía instalar en Lima una plataforma para la prestación de los servicios de averías y daños a terceros, y de comunicación de resolución de incidencias en el abastecimiento.

El contrato, con un presupuesto de licitación de 20 millones de euros para tres años, fue adjudicado a la empresa GSS Venture, que actualmente emplea para prestar este servicio a más de 250 trabajadores.

Los pliegos no establecían ninguna limitación geográfica, salvo para los servicios de atención presencial, aunque sí precisaban que la plataforma principal y la de contingencias no se pueden fraccionar, por lo tanto, no permitirían ofertar el servicio de averías y daños a terceros, y de comunicación de resolución de incidencias en el abastecimiento desde una ubicación distinta a la plataforma principal.

Tras la anulación de la concesión, CGT ha solicitado reunirse con todos los grupos parlamentarios para que el nuevo concurso contemple la subrogación, conforme está establecida en el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores y según el cual se prohíbe expresamente la deslocalización de los puestos de trabajo fuera del estado español, según ha explicado el responsable de Telemarketing de CGT, Santiago Alonso, quien ha tildado de "vergonzoso" que se deslocalicen servicios de empresas públicas para ahorrar costes.