Aprobada la Ley de Hacienda de la Comunidad que busca "mejorar la gestión" del sector público

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves con los votos a favor del PP y en contra de la oposición en bloque --Más Madrid, PSOE y Vox-- la Ley de Hacienda regional que busca "mejorar la gestión" del sector público.

Así lo ha expuesto el PP en el debate del dictamen de la comisión de Presupuestos y Hacienda que ha dado luz verde a este cambio normativo que deroga la anterior Ley 9/1990 tras 35 años en vigor y también la Ley 1/1989, del Control Parlamentario de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.

El parlamentario 'popular' Carlos González ha defendido que con la aprobación de esta nueva Ley de Hacienda se "refuerza e impulsa" la posición de Madrid como la comunidad autónoma "con los mejores datos de gestión de España" y para que la Administración madrileña sea "más moderna y flexible".

"Esta ley es una ley necesaria, perfectible como toda obra humana, pero que va a mejorar la gestión y el control del sector público madrileño. El objetivo es estar siempre al servicio del interés general y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los madrileños", ha enfatizado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por parte de Vox, la diputada Ana Cuartero ha trasladado que su partido no apoyará "ningún desarrollo legislativo que promueva el federalismo, en ninguna de sus formas" y le ha preguntado que en qué se distingue Madrid con este proyecto de ley "de Cataluña o País Vasco".

"No solo gestionan las políticas de la izquierda, sino que se sienten cómodos disfrutando de los privilegios peleados por los nacionalistas y de las victorias políticas que han conseguido en estos últimos 40 años", ha criticado, a la vez que ha afirmado que el PP nunca "ha revertido ni siquiera un ápice ninguno de los avances del nacionalismo, del socialismo, de la apología climática o del fundamentalismo woke".

Por parte del PSOE ha intervenido el diputado del PSOE Daniel Rubio, quien ha afirmado que esta norma "cambia toda la arquitectura institucional de la área económica de la Comunidad de Madrid" y ha afeado que se ha promovido "de prisa y corriendo". "Es una estafa, no es una verdadera democracia", ha lanzado.

Ha asegurado que esta norma que supone un "retroceso institucional" debilitando contrapeso y la Cámara de Cuentas. "El Gobierno es el que pasa a controlarse a sí mismo y esta Asamblea pierde toda la capacidad real de interlocución y de fiscalización (...) Descentralizan el poder económico y debilitan los controles", ha reprochado.

La diputada de Más Madrid Raquel Huerta ha definido esta ley como "una pieza más en un chusco y cutre engranaje pensado por el PP", que busca ser un "escudo" para "evitar controlarlos y fiscalizarlos".

Así, ha cuestionado los intereses que están protegiendo con esta modificación y ha afirmado que pretende "blindar en una ley el marco más propicio para eludir el control, la rendición de cuentas y para usar el dinero de los madrileños".

CONTENIDO DE LA LEY

Cuando se aprobó en Consejo de Gobierno, la Comunidad trasladó que buscaba ordenar y modernizar el funcionamiento del sector público, su sistema contable, la planificación presupuestaria y el control financiero al tiempo que trata de reforzar la comunicación y transparencia con la Asamblea y reforma la Ley de Subvenciones.

Asimismo, define la naturaleza de las sociedades mercantiles del Ejecutivo autonómico, incluyendo a las que forman parte de un grupo, y dentro de estas a las contempladas en el supuesto del artículo 42 del Código de Comercio. Se adapta así a la normativa estatal y se reconoce la realidad específica de estos entes en la región.

En este sentido, destaca la exclusión expresa de las universidades públicas y sus entes dependientes de los Presupuestos Generales del Gobierno regional, a pesar de formar parte del sector público autonómico. Esta supresión se ha realizado con el objetivo de "respetar" la autonomía universitaria.

También se incorporan novedades relativas a cuestiones como la programación plurianual a medio plazo y la estabilidad presupuestaria, y también se legisla un régimen específico para el ejercicio de la función interventora en materia de personal, para evitar tener que reflejarlo en las leyes anuales de presupuestos.

Se renuevan y modifican cuando es necesario todos los temas relativos a la Hacienda autonómica, como derechos y obligaciones, ingresos, política financiera, o auditorías y control, entre otros, ha detallado el también portavoz del Gobierno regional.

El Ejecutivo destacó que en estas tres décadas en vigor han aparecido figuras legales, como fundaciones o consorcios, que hacían necesaria su actualización, con el fin de evitar duplicidades y adaptarla a la normativa europea, estatal y autonómica vigente.

Además, todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la nueva Ley quedan derogadas. De esta forma, se incide en la lucha contra la hiperregulación, eliminando legislación desactualizada o con carácter redundante o innecesario.

Asimismo, la nueva Ley de Hacienda supone la regulación "más clara de las operaciones económicas", ordenando aspectos antes contemplados en los presupuestos, como las operaciones financieras activas, y establece una diferenciación entre Tesorería General, que abarca todo el sector público salvo universidades, y la Central, encargada de gestionar los recursos financieros de la Administración autonómica y de los entes sin gestión propia en esta materia.