MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la toma en consideración de una Proposición de Ley de Podemos contra la pobreza energética, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PSOE, lo que supone que será remitida a la comisión competente para su tramitación.
La iniciativa de Podemos se dirige a garantizar el suministro energético de los ciudadanos y adoptar medidas de ahorro a largo plazo, para lo cual contempla, por un lado, la creación de la figura del "Hogar Vulnerable" en función de diferentes tramos de renta que determinarán el acceso a la ayuda para el pago de las facturas de consumo energético y, por otro lado, un plan de intervenciones de "microeficiencia energética".
Según el texto de la iniciativa, por hogar vulnerable se entiende aquel que se encuentre en situación de "pobreza relativa" según el INE y con un consumo energético superior al 10 por ciento de los ingresos del hogar, al que le correspondería una ayuda del 20 por ciento de su factura; en situación de "pobreza severa", al que le correspondería una ayuda del 35 por ciento o hasta del 50 por ciento a partir de un hijo o una persona dependiente, y en situación de "pobreza extrema", al que le correspondería una ayuda del cien por cien. Igualmente, tendrían derecho a la ayuda los perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
La ayuda sería gestionada por los Servicios Sociales Municipales, que deberían ser avisados en el caso de que una empresa comercializadora de energía (agua, electricidad o gas) quisiera proceder al corte del suministro por razones de impago, con el fin de estudiar la situación del hogar en riesgo de situación de pobreza energética de manera previa a que se efectúe ningún tipo de restricción o corte en el suministro.
Para ello, la Comunidad de Madrid buscaría acuerdos con las comercializadoras para que no cortaran el suministro sin autorización de los Servicios Sociales, a la espera de determinar si el hogar afectado se trata de un Hogar Vulnerable.
Además, los Servicios Sociales se encargarían de revisar la factura eléctrica para comprobar la potencia contratada y proponer, o no, modificaciones en la misma que supongan ahorros en la factura de dicho Hogar Vulnerable.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid en colaboración con las entidades locales tendría que aprobar un Plan de desarrollo de medidas de microeficiencia energética en Hogares Vulnerables, destinadas a promover el ahorro energético, lo que permitirá reducir las facturas.
La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada de Podemos Olga Abasolo, quien ha defendido que la respuesta a la pobreza energética "hay que abordarla desde la óptica de los derechos", garantizando el acceso a todos los insumos.
Según ha destacado, esta Proposición de Ley responde a la necesidad de establecer un protocolo claro para evitar los cortes de suministro a los hogares y al hecho de que la renta sigue sin ser el factor clave para el acceso a las prestaciones de ayuda, lo que ha calificado de "sorprendente".
Por otro lado, parte de la idea de que no se puede seguir pagando "el engaño de las facturas de la luz", ya que en muchos casos la potencia contratada puede reducirse sin que ello suponga un menoscabo para la calidad de vida de los hogares, por lo que apuesta por auditar las potencias contratadas, lo que supondría un ahorro no solo para las familias sino también para las arcas públicas.
Se trata de luchar contra la pobreza energética "desde la cultura del ahorro, desde la generación de renta", pero también "desde la generación de empleo", ya que apuesta por la dinamización de numerosos sectores productivos asociados a la energía a través de la rehabilitación energética de edificios e inversiones en microeficiencia energética.
Abasolo ha precisado que gran parte de la financiación de estas propuestas podría llegar a través de los fondos comunitarios dentro de la Estrategia 2020.
"Son soluciones a medio-largo plazo, no soluciones puntuales en el corto plazo inmediato", ha señalado Abasolo, quien ha acusado al Gobierno de destinar una "dotación insuficiente" a la lucha contra la pobreza energética y con un límite de prestación de seis meses, en los cuales difícilmente las personas que sufren la pobreza energética van a poder superar la situación en la que están.
Abasolo se refería al convenio firmado este martes por la Comunidad de Madrid y responsables de las compañías suministradoras de electricidad y gas, al que se destinarán dos millones de euros, uno con cargo a los presupuestos de este año y otro con cargo a los presupuestos de 2016, para financiar el pago de las facturas a las familias en situación de "extrema vulnerabilidad" durante un máximo de seis meses.
ACUSACIONES DE ELECTORALISMO
A este respecto, la diputada de Podemos ha acusado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de llegar "tarde y mal a lo social", al tiempo que ha considerado el anuncio de electoralista.
Por su parte, la diputada del PP Ana Camins ha descalificado la iniciativa de Podemos al referirse a la misma como un "batiburrillo de ideas", al tiempo que ha señalado que "de lo que se trataba era de colocar la pobreza energética en el debate electoral en mitad de la campaña".
Además, Camins ha apuntado que otra de las razones que ha podido llevar a Podemos a presentar la iniciativa es que "lleva cinco meses asistiendo al cumplimiento del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones".
"Dijimos que no íbamos a permitir que ninguna persona se quedara por el camino ahora que estamos consiguiendo alcanzar la recuperación y salir de esta crisis en la que nos metieron las políticas erróneas de la izquierda y lo estamos cumpliendo, dijimos que nuestra prioridad son las personas que peor lo están pasando y lo estamos demostrando", ha afirmado, para agregar que ahí están, entre otras cosas, esos dos millones de euros para combatir la pobreza energética.
Por su parte, la diputada socialista María José Navarro ha manifestado su voluntad de que la tramitación de esta iniciativa dé lugar a "un espacio de reflexión, no un atropello de propuestas mal diseñadas", para apelar a "las cosas bien hechas, las cosas con rigor".
"Entre un millón que propone la señora Cifuentes y cien millones, seguramente que hay un término medio, nuestro trabajo precisamente será llegar a ese término medio", ha agregado la diputada socialista, quien ha abogado por "trabajar sociedades igualitarias, con justicia social", para no "ir apagando fuegos con rescates continuos".
A su juicio, "si los cimientos son sólidos, las cosas funcionan y los ciudadanos están protegidos", por lo que ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa para poder aportar enmiendas que mejoren el texto con el fin de sacar la mejor norma para los ciudadanos.
En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Alberto Reyero, ha manifestado que su formación comparte el diagnóstico de la situación que hace Podemos y cree que es necesario tomar decisiones, por lo que se ha pronunciado a favor de la toma en consideración de la iniciativa para "mejorar entre todos su contenido y consensuar una posición común".
No obstante, ha subrayado que eso no significa la aceptación de la Proposición de Ley, de la que ha destacado "aspectos de interés", pero ha advertido de su parecido con la ley aprobada en el Parlament hace casi un año suspendida por el Tribunal Constitucional, así como de que podría suponer una injerencia en la empresa privada, además de la "dispersión normativa".
