MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha responsabilizado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de la situación de "colapso" que, a su juicio, existe actualmente en los hospitales madrileños.
Mediante un comunicado, la ADSPM se ha unido así a la polémica surgida en torno a la situación de los hospitales de la región que ayer denunció el candidato socialista a la Presidencia autonómica, Tomás Gómez, durante un debate electoral celebrado con la propia Aguirre en Telemadrid.
Así, la Asociación ha afirmado que "esta situación es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Aguirre, al que no le importa poner en riesgo la atención sanitaria de los ciudadanos con tal de llevar a la practica su ideología neoliberal y favorecer a unos pocos a costa de la salud de todos los madrileños".
En concreto, ADSPM se refería así a la afirmación de Gómez de que las empresas concesionarias de siete hospitales reclaman a la Comunidad de Madrid 80 millones de euros por diferentes cambios en los contratos, así como en concepto de compensación por el nuevo Plan Sectorial de Contabilidad.
Ante las reclamaciones de las adjudicatarias del servicio, la asociación ha señalado que "las empresas privadas priorizan sus cuentas de resultados y no les importa poner en peligro el funcionamiento de los centros, que consideran sólo un negocio rentable" y ha reprochado que se haya dejado "en manos de estas compañías la capacidad de presionar sobre la Comunidad con el único fin de incrementar su rentabilidad".
"Si sus datos son ciertos, que probablemente estén infravalorados, les parece poco un 6,91 por ciento de beneficio en medio de la crisis", ha criticado la plataforma, que ha recordado además sus advertencias contra la fórmula de la financiación privada para los nuevos centros por considerar que causaría "un aumento muy importante de los costes y una hipoteca para la sanidad madrileña del futuro".
De hecho, la ADSPM calcula que las empresas concesionarias "ya han recibido más dinero del que costó la construcción de los centros y aún se les adeudan mas de 4.000 millones de euros", por lo que ha concluido que "la única respuesta razonable a esta situación es reintegrar a estos centros a la red sanitaria pública".