El Ayuntamiento de Campo Real, condenado a indemnizar 30.000 a una delegada sindical por persecución laboral

Actualizado: martes, 9 diciembre 2014 3:19

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 41 de de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Campo Real a indemnizar con 30.000 euros a una delegada de personal de CC.OO. por vulneración de sus derechos fundamentales al apreciar que hubo persecución laboral.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se estima la demanda formulada por la trabajadora contra el Consistorio de esta localidad. Contra la sentencia cabe interponer un recurso de súplica.

El fallo anula la modificación que se estableció el 9 de abril de 2014 de las condiciones laborales de la sindicalista tras participar en unas protestas. Tras ello, se le cambió de jornada de mañana a una partida, sin que concidieran sus horarios con los que tenía anteriormente.

La delegada sindical participó activamente en las distintas actuaciones y movilizaciones que se llevaron a cabo tras la negativa del Consistorio a aplicar el Convenio Colectivo en vigor. Tras ello, se le modificó su jornada y horarios laborales, dándose la mujer de baja médica por trastorno adaptativo laboral y estado de ansiedad.

La propia sentencia habla de la "voluntad directa de quien actúa para perjudicar un derecho fundamental de la persona".

Además, recoge que al modificar su horario se produjo "un daño moral que se puede ubicar en la afectación de su dignidad personal y profesional, haciéndole primero incomoda su actividad sindical sabiendo que tiene represalias" y segundo haciéndola imposible después al haber generado con sus actitud la incapacidad temporal laboral".

En un comunicado, el sindicato ha valorado de forma positiva esta sentencia al ser pionera en la Comunidad por "además de declarar nulo de pleno derecho la modificación sustancial de las condiciones, recoger la propuesta del Ministerio Fiscal de condenar al Ayuntamiento de Campo Real al abono de una indemnización de 30.000 euros por la vulneración de los derechos fundamentales llevada a cabo por su alcalde".

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