MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid ha defendido este martes que las "escuchas ilegales" que ha denunciado el PP en las reuniones del consejo de Calle 30 y por las que quiere llevar al delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, a los tribunales, responde a la necesidad administrativa de transcribir literalmente las actas de las reuniones.
Fuentes municipales han respondido así a la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, en aplicación de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, contra el delegado de Economía y Hacienda debido a estas "escuchas ilegales" que aseguran se produjeron en los consejos de Calle 30, ya que "no hay ningún registro de archivo en esas grabaciones", algo "escandaloso".
"Como firmes defensores de la transparencia, mostramos absoluto respeto a los instrumentos que la ley ofrece para garantizarla", han señalado desde el Consistorio, que ha aclarado, en cuanto a las grabaciones, que hace un año se grabaron en audio algunas partes de los Consejos de Administración para facilitar la transcripción de las actas ya que algunos consejeros habían exigido "la transcripción casi literal de muchas intervenciones".
"Posteriormente algunos consejeros pidieron expresamente que no se grabara y se dejó de hacer", han añadido, para aclarar que actualmente se está tramitando un sistema de videograbación para todos los consejos. "Las grabaciones respondían a dicha necesidad administrativa y no se publicaban ni se utilizaban para nada más", han insistido.
En cuanto a la denuncia por una supuesta pérdida de la custodia de documentación de expedientes administrativos, desde el Consistorio aseguran que la documentación a la que se refiere la denuncia "no es parte de los expedientes administrativos de obra ni sigue una cadena de custodia, ya que recoge solo certificaciones de obra".
"Únicamente el acta de valoración final forma parte del expediente administrativo y, la documentación escaneada, incluye las certificaciones mensuales y las facturas trimestrales del avance de las obras de soterramiento y reforma de Calle 30 de los años 2004-2007", han apuntado.
Aun así, han explicado que se firmó con la empresa encargada de la digitalización una declaración de confidencialidad sobre los documentos que se escanearon y recuerdan que dicha digitalización de la documentación fue realizada a petición del grupo municipal del PP para tener acceso a la información de las certificaciones de obra.
