Martínez pide prudencia y dice que no habrá interlocución con los vecinos hasta que no haya acuerdo social
MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, aseguró hoy que, por su parte, "en 24 horas", podría alcanzar el acuerdo con las administraciones para resolver el problema social de la Cañada Real, frente a los dos años de plazo máximo que contempla el anteproyecto de ley presentado por la Comunidad.
Preguntada por los medios de comunicación por cuánto tiempo cree ella que se necesita para llegar a este acuerdo social, pieza clave para proceder a la enajenación de los terrenos, Martínez aseguró que con "un día" tendrían suficiente porque tienen muy "claro" donde está el problema y qué es lo que se tiene que hacer al respecto.
El Gobierno regional remitió ayer al Consejo Económico y Social de la Comunidad (CES) el anteproyecto de ley, que posteriormente será enviado a la Asamblea de Madrid para su definitiva aprobación. Una vez esté lista la ley, la Comunidad procederá a la desafectación del suelo, y entre todas las administraciones se seguirá negociando para alcanzar el acuerdo social.
La cesión o enajenación de los terrenos no tendrá lugar hasta que se alcance dicho consenso en lo social. A partir de ahí, serán los ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada) los que, en el desarrollo de sus competencias, proyecten la ordenación del territorio.
En la misma dirección, Martínez, que pidió hoy "prudencia" a la hora de abordar el problema, aseguró que no habrá interlocución con los vecinos hasta que no se alcance un pacto entre las administraciones sobre los aspectos sociales, para el cual, según recoge el anteproyecto de ley, hay un plazo de dos años.
La delegada de Urbanismo hizo una llamada a la colaboración de todos (administraciones y ocupantes) porque es un problema "complejo que arrastra 50 años" y ante esa complejidad y dificultad, "para abordarlo con eficacia y definitivamente", lo que hay que hacer, a su juicio, es dar pasos "con prudencia".
Así, señaló que todavía están en el periodo de negociación a nivel de las tres administraciones (central, autonómica y local) y que ahora le corresponde a la Asamblea de Madrid aprobar el anteproyecto de ley, para, a partir de ahí, continuar sentándose y acordando "para la decisión definitiva del problema", entre ellos, el social, uno de los más importante, en su opinión.
"Cuando ese acuerdo social se aborde entre las tres administraciones, entonces será cuando proceda la interlocución con los ciudadanos", apuntó, distinguiendo lo que es la interlocución con representantes legales de intereses, que serán atendidos por los servicios jurídicos del Área de Urbanismo y Vivienda, y el contacto con los representantes vecinales.
En este último caso, para poder empezar la comunicación, como ayer señaló el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, estos representantes tendrán que identificarse como tales y, en este sentido, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAMV), el voluntariado, y todas las personas que han trabajado en lo social durante muchas décadas, tienen información que prestar, añadió la delegada.
"Solamente llegado ese momento y todavía hoy no ha llegado ese momento", insistió la responsable municipal de Urbanismo, quien destacó que a día de hoy para los ocupantes de la Cañada Real no hay "nada nuevo ni lo habrá" hasta que no se suscriba ese acuerdo social. "Solamente con la medida de que todos estemos unidos, de que exista consenso y de que todos nos apoyemos podemos abordar un tema tan complejo", apostilló.
DIFERENTES TIPOS DE PERSONAS EN LA CAÑADA
Sobre el posible futuro de los vecinos de la Cañada Real, Martínez destacó que hay diferentes tipos de personas habitando en esta zona y por lo tanto, habrá soluciones diferentes para cada una de ellas. "Hay personas que han actuado con comportamientos irregulares a lo largo de muchos años y esos tienen que tener un tratamiento diferenciado a otras personas que padecen la exclusión social por diferentes motivos", señaló.
"Cómo va a ser igual una persona que trafica con droga que un niño que ha nacido en la Cañada y no conoce esa sociedad de igualdad donde realmente está", se preguntó la delegada, quien indicó que se tratará de dar a cada uno lo que corresponde: "a ese niño la oportunidad de una sociedad en igualdad, y a esa persona que tiene un comportamiento irregular no le podemos dar el mismo trato, tendrá que abordarse desde la seguridad pública".
Por eso, para Martínez es muy importante que desde las administraciones pongan todo lo que tienen, los instrumentos sociales, de seguridad pública, urbanísticos y jurídicos, "todos al servicio de este problema tan complejo, donde hay tantas realidades que confunden, y que incluso pueden utilizarse a los más pobres y excluidos como escudo humano".
Así, criticó que durante muchos años, "a los niños, a los mayores y a los más vulnerables" se les ha utilizado como "escudo humano" y desde las administraciones no van a "consentir que se siga confundiendo y que se siga utilizando", aseguró, insistiendo en que "una cosa es la intervención social y otra cosa es que se quiera ser propietario después de haber tenido un comportamiento irregular".
"Cada cosa tiene una respuesta y todas ellas tienen que esperar hasta que no esté la ley", concluyó, al tiempo que añadió que en medio del proceso con la mesa de negociación, que preside la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, el Ayuntamiento va a evitar entrar en cualquier tipo de polémica que se pueda mantener al margen.
