El Ayuntamiento de Madrid estudia la posible "inconstitucionalidad" de la Ley regional

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, ha avanzado este miércoles que los servicios jurídicos municipales están estudiando la "posible inconstitucionalidad" de la Ley de la Cañada Real Galiana que está tramitando el Gobierno regional y que, previsiblemente, se aprobará en el Pleno de la Asamblea el próximo día 10.

En declaraciones a los medios, Martínez ha explicado que el Consistorio cree que la normativa podría entrometerse en competencias municipales, al fijar un plazo máximo de dos años para que las administraciones implicadas en el problema alcancen un acuerdo social antes de poder disponer de los terrenos para venderlos.

"La Ley que, al parecer, quiere aprobar la Asamblea no es la que a los ayuntamientos nos hubiera gustado. Tenemos dudas sobre que su redacción sea plenamente constitucional y los servicios jurídicos lo están estudiando. Habrá que esperar", ha señalado la edil.

Así, ha justificado que esta norma "afecta a la autonomía local y a las competencias municipales" ya que se prevé que, pasados dos años e independientemente de si hay acuerdo social o no, se "traspasa a los ayuntamientos" la responsabilidad de atender las necesidades de servicios, calles, equipamientos... de unas personas que han "ocupado un dominio público" y que ya podrían "adquirirlo en propiedad" sin tener en cuenta que los consistorios no pueden cumplir ninguna de esas obligaciones por "falta de espacio y porque las leyes no lo permiten"

SIN USOS RESIDENCIALES

Y es que, el Ejecutivo madrileño asegura que el proyecto de Ley de la Cañada no tiene en cuenta diferentes normativas nacionales y europeas sobre suelo, ruido, medioambiente o sobre dónde se pueden asentar usos residenciales.

Así, condicionantes como la existencia de varias autovías, de gaseoductos, de la línea del AVE, de tendidos eléctricos o incluso del vertedero de Valdemingómez dejarán muy pocos espacios donde se puedan levantar viviendas.

Como ejemplo, Martínez ha citado el caso del vertedero de Valdemingómez, que no puede tener ningún uso residencial en dos kilómetros a la redonda. "Eso impide una ordenación urbanística, pero es de sentido común porque ¿a alguien le gustaría vivir al lado de un vertedero? ¿Cómo va a calificar el Ayuntamiento un terreno para que sea así?", se ha preguntado.

"Tenemos la certeza de que la pretensión de recalificar (con uso) residencial todo el tramo de la Cañada no es viable, no porque los ayuntamientos queramos o no, no es nuestra decisión, sino por las propias leyes", ha señalado la concejala, insistiendo en que la "pretensión de solucionar el problema por la vía urbanística es inviable".

Por ello, el objetivo del Ayuntamiento de Madrid es que "haya garantía de que la secuencia lógica (de la aplicación de la normativa) sea primero la intervención social y, luego, la ordenación urbanística".

"La Ley actualmente dice que a los dos años los terrenos se desafectan, así que no hay garantías de que vaya a haber una intervención social previa, que es la condición 'sine qua non' para los ayuntamientos", ha resumido.

Además, ha recordado que el modelo utilizado entre la EMVS y el IRIS durante los últimos ocho años para realojar a los habitantes de diferentes poblados chabolistas de la capital ha "funcionado", por lo que en este caso sólo haría falta llegar a un acuerdo para que todas las administraciones implicadas "pongan sus recursos al servicio de la solución social" en el tiempo que sea necesario.

PERSEGUIR EL CONSENSO

En cualquier caso, Martínez ha asegurado que, pese a las previsiones de aprobación de la norma dentro de una semana, el Consistorio "nunca va a cerrar las puertas al consenso, porque este problema es muy serio" y se ha mostrado convencida de que "es cuestión de tiempo" que todos se pongan "de acuerdo y haya entendimiento".

"El consenso es fundamental, este problema hay que abordarlo entre todos y con consenso. Tenemos que seguir sentándonos, es urgente, cuanto antes mejor. Si los ayuntamientos no podemos hacer una calificación urbanística (como residencial) habrá personas que, al liberar el espacio, tendrán que reubicarse, realojarse. No les vamos a dejar en la calle, habrá que hacer algo", ha continuado la delegada.

Así, aun a riesgo de resultar "ingenua", Martínez ha apostado por que "el sentido común es lo que más fuerza tiene" y ha asegurado que ella seguirá "peleando por ese consenso hasta el último minuto", e incluso si finalmente se aprueba la ley.

"Con esta ley o sin ella lo importante es que las administraciones nos sentemos a consensuar el marco social para resolver el problema, porque ése es el único camino: la única manera de abordar el problema es desde la intervención social individualizada, porque hay diferentes perfiles y situaciones", ha concluido.