El Ayuntamiento de Pozuelo no clausurará "de momento" el piso tutelado para MENAS tras el fallo judicial

Publicado 12/12/2018 14:22:05CET

POZUELO DE ALARCÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha anunciado que el Consistorio no clausurará "de momento" el piso tutelado para MENAS en el municipio, pero que "seguirá adelante en el proceso" porque el centro "no puede instalarse en un lugar que incumple la normativa municipal".

A través de un comunicado, la alcaldesa se ha referido al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de Madrid, que acuerda suspender con carácter urgente la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de ordenar el cese de actividad de un piso tutelado para menores extranjeros no acompañados (MENAS) al que fueron trasladados desde el centro de Hortaleza.

"La alcaldesa asegura que el Consistorio, siguiendo la orden del juez, no clausurará la actividad de manera provisional, pero seguirá adelante en el proceso porque el centro no puede instalarse en un lugar que incumple la normativa municipal", recoge el comunicado.

Según el Ayuntamiento, la Fundación SAMU, que "cuenta con la autorización" de la Comunidad de Madrid para "gestionar el centro de menores no acompañados de Pozuelo", ha solicitado al juez que "impida de manera provisional que el Ayuntamiento clausure la actividad" por "el incumplimiento de la normativa de uso de la vivienda que ha denunciado el Consistorio hasta que se estudie el fondo del asunto".

La alcaldesa ha insistido en que el Ayuntamiento "de momento no va a clausurar la actividad por indicación del juzgado", pero "sigue adelante con el proceso", ya que la medida judicial "es provisional" y "el centro de menores", según el informe realizado por los propios técnicos municipales, no puede instalarse en un inmueble "que sólo puede destinarse a local comercial o despacho profesional vinculado a la vivienda".

"Los vecinos de Pozuelo donde está implantado este centro interpusieron hace días dos denuncias, una contra la Comunidad de Madrid y otra contra la Fundación, ya que entienden que la vivienda no cuenta con las medidas de seguridad pertinentes, dada la característica de destino doméstico que tienen los inmuebles", recoge el comunicado.