El Ayuntamiento reclamará a la Comunidad hasta 576 millones para gasto social

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid reclamará a la Comunidad "por tierra, mar y aire" hasta 576 millones de euros para gasto social en cumplimiento de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, ha avanzado este miércoles el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en el Pleno de Cibeles.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha planteado en el Pleno que se inste al Estado a derogar la ley y mientras que esto se produce se suspenda la disposición transitoria segunda, relativa a los servicios sociales. La propuesta ha salido adelante con el respaldo de PSOE y Ahora Madrid y la negativa de PP y Ciudadanos.

El concejal del PP José Luis Martínez Almeida ha afirmado que dicha disposición ya está suspendida. Causapié, a su vez, ha explicado que dicha disposición dejaría sin competencias a los ayuntamientos en lo que a servicios sociales se refiere, quedando en manos de las comunidades autónomas. "Un caos", ha resumido la situación la edil.

"Es una ley que atenta contra la autonomía local, ataca a los ayuntamientos e impide su financiación", ha lanzado Causapié, que también ha criticado que la norma se ha aprobado "sin hablar con la oposición, sin consenso, sin tener en cuenta la opinión de los alcaldes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

LA CRISIS COMO EXCUSA

Y es que la ley, en palabras de la socialista, tenía un motivo aparente, "resolver el déficit de las administraciones" pero el "verdadero" era "utilizar la crisis económica como excusa para reducir derechos de los ciudadanos atacando a los más débiles institucionalmente, los ayuntamientos, y a los más débiles en la población, los ciudadanos que acuden a los servicios sociales municipales".

Carlos Sánchez Mato ha declarado que esta ley hace que los ayuntamientos "pierdan su razón de ser". "Es una puñalada en el corazón del municipalismo bajo la excusa de conseguir domeñar los déficits desbocados", ha criticado, tras añadir que la norma evita que los ayuntamientos puedan cumplir con sus funciones.

BETETA LLAMA AL INCUMPLIMIENTO

"Nos quedamos en situación de que nos expropian", ha remachado, dado que no recibirán financiación para estas competencias. A eso ha unido que a 25 de noviembre sólo cuentan con una "gloriosa carta" firmada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que dice que "los ayuntamientos se apañen como puedan porque esto no se va a poner en práctica".

El Gobierno municipal, por su parte, ha presupuestado en el proyecto de 2016 hasta 576 millones para gasto en Servicios Sociales y no prevé ingresos procedentes de la Comunidad por este concepto y cuantía. Son ingresos que la Comunidad, en virtud de la ley, "está obligada a hacer". "Ustedes (a la bancada popular) están acostumbrados a impagar, a incumplir la ley y a ser morosos", ha espetado Sánchez Mato.

"Vamos a reclamar la financiación de la Comunidad por tierra, mar y aire. Tienen obligación de financiarnos esos 576 millones", ha subrayado el delegado de Economía y Hacienda.

El concejal popular José Luis Martínez Almeida ha contestado que el auténtico atentado contra los más débiles se produjo en mayo de 2010, cuando "José Luis Rodríguez Zapatero se hizo adulto y se produjo el mayor ataque al bienestar social". Almeida ha defendido el espíritu de la ley, que aboga por "una Administración, una competencia" y que se ejerza con medios suficientes. "No insistan en políticas que casi nos llevan a estar como Grecia", ha terminado.