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Los servicios jurídicos de la Comunidad preparan la contestación ante el TSJM
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha manifestado este miércoles que la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron esta obra es de "imposible cumplimiento" por los daños al "medio ambiente, la fauna o la economía".
"Los servicios jurídicos de la Comunidad están preparando la contestación, que irá en el sentido de decir que parte de las cuestiones que nos habían indicado ya están cubiertas, porque la Comunidad se puso en contacto con Bruselas y se explicaron las cuestiones", ha señalado.
Beteta ha añadido que también se pondrán de manifiesto los "destrozos y daños al medio ambiente que puede suponer el cambio de la carretera y retrotraerla al estado anterior". "Entendemos que es de imposible cumplimiento llevarlo a cabo", ha dicho el consejero, al tiempo que ha remarcado su "respeto a las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera".
El pasado mes de julio, Ecologistas en Acción solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que requiriera el cumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Supremo emitida sobre el desdoblamiento de la M-501 y que obligaba a la Comunidad de Madrid a restituir la zona a su estado anterior pagando las costas del procedimiento.
Según la organización ecologista, el pasado 12 de junio se cumplió el plazo legal para que la Comunidad de Madrid cumpliera con dicha sentencia y "teniendo en cuenta que nada se ha hecho al respecto", los ecologistas pidieron al Tribunal madrileño que requiriera su cumplimiento.
En febrero de 2011, el Tribunal Supremo desestimaba el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia, de febrero de 2008, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba el proyecto de desdoblamiento de la carretera M-501. "Por tanto, declaraba firme la nulidad de los actos que llevaron a transformar en autovía la carretera M-501 entre los kilómetros 21,8 (Quijorna) y 39,5 (Navas del Rey)", apuntan.
Posteriormente, mediante oficio de fecha 12 de abril de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitió testimonio de la sentencia a la Comunidad de Madrid para su ejecución. El plazo voluntario de ejecución de la misma era de dos meses y transcurrido este periodo sin que la Comunidad de Madrid haya tomado ninguna medida, Ecologistas en Acción, solicita la ejecución de la sentencia en los términos en los que se recoge la misma.
"Estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 21 de julio de 2005 y la Resolución de la Consejería de Transportes de fecha 25 de octubre de 2005 debemos declarar la nulidad de pleno derecho de dichas resoluciones, reponiendo el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al en que fueron dictados con, en su caso, restitución a su estado anterior de la zona afectada por el proyecto a que se refieren los actos nulos", decía el texto.
Igualmente esta organización ha solicitado que la Comunidad de Madrid abone las costas del procedimiento, "algo que tampoco se ha cumplido a pesar de que la sentencia firme del Tribunal Supremo así lo impone". "Esto quiere decir que será el erario público, con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, el que pague las consecuencias del incumplimiento constante de la legalidad ambiental por parte del gobierno de Esperanza Aguirre", consideran.
