El PSOE destaca que los consejeros fueron "cooperadores necesarios" de los delitos cometidos por la trama de Correa
MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, tildó hoy de "ignorante" a la diputada del PSOE, Livia Castillo, por asegurar que todas las consejerías del Gobierno regional han incurrido en el delito de fraccionar contratos para eludir los controles administrativos, pues según aseguró no está tipificado como tal.
Durante el debate de control al gobierno en el parlamento regional, Beteta manifestó que el delito de fraccionamiento no está en el Código Penal. "Usted es una ignorante porque no se pude venir a la cámara a hacer acusaciones falsas o sin fundamento. Y no se pude decir que se comete un delito cuando ese delito no existe ni está tipificado", aseveró.
El consejero acusó a la socialista de hacer "acusaciones muy graves" contra los funcionarios regionales pues los 392 expedientes que entregó la Comunidad de Madrid a petición de los jueces del caso Gürtel, Baltasar Garzón y Antonio Pedreira, "fueron antes estudiados y fiscalizados por la Intervención". "Y hubo observaciones y no se ponen en absoluto de relieve las cuestiones que está señalando", se defendió Beteta, que abogó porque esos "juicios de valor sean dirimidos en los tribunales".
Asimismo, consideró que el PSOE tendrá que aclarar la "buena relación del presidente del Gobierno de España con el constructor Ulibarri, o la relación de su asesora personal, Angélica Rubio, con el paisano leonés y el presidente de Begar. Y sobre esas supuestas presiones de Rubio sobre ministerios, como recoge la noticia de 'elconfidencial.com' bajo el título "Zapatero dio órdenes al constructor leonés Ulibarri implicado en el Gürtel".
COOPERADORES NECESARIOS
Por su parte, la diputada socialista indicó que parece que, en el caso Gürtel, todos los consejeros han cometido "varios delitos" al aparecer en todas las Consejerías "contratos fraccionados, por menos de 12.000 euros, para eludir la transparencia y la libre concurrencia y el control público, y entregarlos así a dedo, sin ningún control interno ni externo". "De esa manera se han desviado más de 3,2 millones euros. En todas las consejerías se ha cometido este delito porque, al parecer, la persona de máxima confianza de la presidenta Aguirre le señalaba con quién debían contratar. Todos los consejeros de este gobierno lo sabían, por eso pagaban las facturas sin preguntar. Fueron cooperadores necesarios del delito", aseveró.
Según recordó que la red corrupta hacía la mayoría de los eventos de la presidenta de la Comunidad, "apasionada de la imagen hasta el punto de disponer que su equipo llamara a una intermediara de la red para informar del color del traje y todo pudiera combinar". "Se realizaban más de 100 actos al año", recalcó, al tiempo que concluyó que "los tribunales dirimirán en cada caso e impondrá las penas que correspondan por tráfico de influencias, cohecho o fraude fiscal".
Sin embargo, Castillo planteó que la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP, Esperanza Aguirre, "no se puede considerar inocente porque ya conocía las virtudes de sus colaboradores". "Fueron varias las ocasiones que tuvo para destapar la trama, sin embargo, la tapó y amparó, dando cobijo a algunos de sus máximos protagonistas", señaló la diputada socialista, que insistió en que el PP está pendiente de dilucidar "las responsabilidades políticas por la traición a la confianza depositada por los ciudadanos".
"Cuando hay cientos de contratos a las empresas de la trama, alcaldes, diputados,... la responsable Aguirre debe responder políticamente por este hecho, por conocer la trama o por no conocerla. Su conocimiento o desconocimiento permitió a muchos miembros del PP medrar en la red corrupta por eso tienen que asumir responsabilidades y, sobre todo, cambiar de actitud dando explicaciones", manifestó Castillo.
Así, reprochó al PP que se hayan centrado en el 'y tú más', cuando lo que tiene que hacer es "abrir una investigación interna averiguar cómo pudo ocurrir y se verifique que ya no se producen esas prácticas".
