Caminero evita la cárcel con una multa de casi 20.000 euros por un delito imprudente de blanqueo

Caminero, juzgado por presunto delito de blanqueo de capitales
Marta Fernández Jara - Europa Press
Actualizado: lunes, 22 octubre 2018 13:23

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS)

   El exfutbolista José Luis Pérez Caminero ha aceptado este lunes una pena de multa de casi 20.000 euros al sustituirle el tribunal la condena de cuatro meses de cárcel impuesta por un delito imprudente de blanqueo de capitales tras alcanzar un acuerdo de conformidad ante el reconocimiento de los hechos, lo que le ha permitido evitar la entrada en prisión.

   Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que la rebaja sustancial de penas se debe a la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas y al aplicar a muchos de los acusados el subtipo imprudente al delito de blanqueo, es decir, que supuestamente no conocían que el origen del dinero era ilícito.

   El actual director deportivo del Málaga CF se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid junto a otras trece personas por blanquear dinero procedente del narcotráfico. En 2009, Caminero fue detenido en la glorieta madrileña de Rubén Darío cuando transportaba 58.000 euros en billetes de 500.

   Frente a los cuatro años de cárcel de petición fiscal, el acuerdo de condena ha quedado en cuatro meses de cárcel al aplicarse una atenuante de dilaciones indebidas dado que los hechos se produjeron hace casi diez años. Según las mismas fuentes, la causa tuvo varios jueces de instrucción, lo que provocó que su investigación se dilatara en el tiempo.

   Tras exponer el tribunal el acuerdo, el abogado de Caminero, José Antonio Choclán, ha solicitado sustituir la pena de prisión por multa, una solicitud aceptada por la sección.

   De este modo, se ha pactado una multa a razón de 8 meses por cuota diaria de 10 euros, que alcanza los 2.400 euros. También se le impone una multa de 17.237 euros y el decomiso del dinero intervenido.

   De igual modo, otros abogados defensores han pedido la sustitución de la pena de cárcel por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, aceptando el tribunal tales peticiones. Muchos de los abogados han alegado que sus clientes son insolventes, reclamando trabajos en beneficio de la comunidad.

   Para los presuntos cabecillas, la pena se había quedado en 18 meses de prisión frente a los seis años de cárcel que se solicitaba inicialmente. Sin embargo, ha sido sustituida por multas de diferentes cuantías.

HECHOS JUZGADOS

   Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Eduardo H.J. utilizaba una joyería, que él mismo regentaba en el madrileño distrito de Usera, como centro de recepción del dinero que unas organizaciones colombiana y mexicana obtenían del tráfico de cocaína, 

   El procesado utilizaba dicho local comercial como centroentregas del dinero se realizaban en la trastienda de la joyería, acudiendo al local numerosas personas no identificadas que portaban bolsas de plástico con el dinero en efectivo, siendo Jorge, la persona encargada de recibir el dinero de las organizaciones de narcotraficantes y hacerlo transportar a la joyería.

   Una vez en el establecimiento, Francisco, colaborador inmediato y directo de Eduardo, se hacía cargo de él y contactaba con otros procesados para sacar el dinero en sacas o bolsas grandes de plástico, después de canjearlo. Además, el propio Jorge, junto con el procesado José Antonio, trasportaban dinero de Madrid a Valladolid, donde existía una red de colaboradores que canjeaban los billetes en pocos días.

   Por su parte, Jesús Miguel operaba con una serie de clientes distribuidos por Sevilla. Los otros procesados colaboraban en el transporte y/o canje de los billetes con similares procedimientos, entre ellos se encontraba el exfutbolista José Luis Pérez Caminero.

   El dinero, tras ser canjeado, era trasladado un chalet custodiado por la organización mejicana, red que era la encargada de sacar el dinero de España hasta su país de origen, o bien hasta Colombia.

   Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado intervinieron a los distintos implicados una cantidad total que ascendía a 1.854.550 euros