El 'caso ITV' con la exacaldesa de Móstoles llega a la Audiencia de Madrid para su enjuiciamiento

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles, Plaza número 1, ha remitido a la Audiencia Provincial de Madrid la causa sobre el denominado 'caso ITV' para su enjuiciamiento por la presunta malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Móstoles en 2020 al condonar una deuda a la empresa que realizaba las Inspecciones Técnicas de los Vehículos (ITV).

Así consta en una diligencia de ordenación, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se informa además de la remisión a esta sede judicial de las piezas separadas de responsabilidad civil de los acusados. Fuentes jurídicas apuntan a Europa Press que el juicio podría celebrarse antes del verano.

En el banquillo se sentará la exalcaldesa socialista y portavoz del grupo municipal Noelia Posse y otros ocho exediles por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La jueza que instruyó el caso dictó el auto de apertura de juicio oral en septiembre de 2024.

La Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada solicita una condena de doce años de inhabilitación para la exalcaldesa y el resto de acusados por la presunta comisión de un delito de prevaricación.

En el auto de apertura de juicio, la magistrada subrayaba en primer lugar que resulta "obvio" el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre e 2020".

Dicho acuerdo aprobó por la vía de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.

ACUSACIÓN DEL FISCAL

En su escrito, la Fiscalía señala que mediante la declaración de urgencia, "incluyeron y aprobaron por unanimidad de todos sus miembros la quita del 50% de la deuda de ITV Móstoles, SL. la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta el 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales, y una última anualidad de 15.000 euros".

"Dicho acuerdo se adoptó por los acusados, a pesar de contar nuevamente con el informe desfavorable del Interventor que alertaba de la contrariedad al ordenamiento jurídico del mismo, y con una clara conciencia de ilegalidad del mismo, puesto que habían sido advertidos de que los créditos de derecho público son indisponibles por Ley", agrega.

Además, indicaba que para "tratar de dar externamente una apariencia de legalidad que los acusados sabían que no tenía, el acuerdo fue adoptado tan sólo con el informe del también acusado, Francisco Javier Torner, que emitió un "informe jurídico" favorable cuando carecía de facultades para ello y presentarse por la vía de urgencia, a fin de evitar los informes preceptivos del Secretario General del Ayuntamiento y del Interventor que ya se habían opuesto anteriormente a la propuesta".

"Como consecuencia de estos hechos, con dicho acuerdo, los acusados ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles, al condonar en 615.000 euros la deuda y bajar el canon a 60.000 euros anuales", apunta.

"La sociedad ITV Móstoles, S.L., cuya administradora era la acusada Mónica Ramírez Moreno Manzanero, no solo se benefició del acuerdo adoptado, habiendo determinado, con su petición al Ayuntamiento de esa misma propuesta, a sabiendas de su ilegalidad, la adopción del mismo", concluye.