La Comunidad ultima la reparación de otras 100 viviendas públicas que se entregarán en junio a familias en situación de especial necesidad
MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Transportes, Infraestructuras y Viviendas, Pablo Cavero, ha resaltado la actitud de "tolerancia cero" ante el fenómeno de la ocupación de viviendas públicas porque perjudica precisamente el acceso legítimo a los pisos de las familias en situación de especial necesidad ante los retrasos que implica la reforma de los desperfectos ocasionados, unido al coste que requiere estas labores para el erario público.
Precisamente la Comunidad de Madrid ultima la reparación de otras 100 viviendas públicas que se entregarán a lo largo del mes de junio para atender a familias o personas que han sufrido desahucio o que no pueden hacer frente al pago de hipotecas y del alquiler. Estas viviendas se suman a las entregadas ya la semana pasada en el convenio con Cáritas.
Así lo ha subrayado Cavero este lunes tras visitar las labores de rehabilitación de una vivienda del Ivima que forman parte del cupo especial denominado Impulso Familiar que este organismo público creó en 2011 para apoyar a personas que de forma drástica pasan a situación de pobreza.
El consejero ha censurado la 'okupación' de viviendas por el coste que supone para las arcas públicas la reparación de desperfectos y que afecta a miles de familias a las que se ha adjudicado un piso o que están a punto de ello por la demora que se produce hasta que se "libera" el inmueble.
Cavero ha reprochado la situación "deplorable" en que quedan las viviendas durante la ocupación, al arrancar incluso los sanitarios o generar situaciones especialmente problemática a los vecinos con casos incluso en los que se han tenido de 'desratizar' los pisos. Ello perjudica a las personas que legalmente tienen acceso a vivienda por personas que han estado "ilegalmente" en ellas.
En este sentido, la Consejería de Transportes, Viviendas e Infraestructuras estima que 3.000 familias en situación de especial necesidad están esperando entrar en inmuebles del Ivima e insisten en que el fenómeno de la ocupación perjudica a este colectivo.
"Desde el PP venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo años la 'ocupación con k' y es curioso que siempre encontramos la callada por respuesta de la oposición. Nos gustaría que hubiera una denuncia explícita de la 'okupación' porque en este periodo de crisis hay familias que de buena fe quieren una vivienda y sufren el drama de este contexto económico, que han perdido su trabajo y su salario y están en esa lista de espera para tener una vivienda", ha dicho el consejero.
Cavero ha censurado que, con cada ocupación, la Consejería debe destinar un presupuesto importante para remodelar la vivienda por los daños generados en el proceso de ocupación. En este sentido, ha comentado que puede oscilar entre los 20.000 o 25.000 euros e incluso hasta 50.000 euros en los casos en que están "destrozadas". "Tratamos de recuperarlas lo antes posible", ha apostillado luego.
PUERTAS 'BUNKERIZADAS' PARA EVITAR LA OCUPACIÓN
El parqué de vivienda del Ivima y del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) asciende a 25.000 viviendas (23.000 de la primera entidad y 2.000 en el caso del IRIS), de las cuales están ocupadas cerca de 823 pisos, un 3,2 por ciento del total.
Según detallan desde el departamento que dirige Pablo Cavero, el volumen de ocupación se ha incrementado de forma considerable desde 2011, cuando había 187 viviendas ocupadas. Para evitar esta circunstancia, desde la Consejería se ha procedido a instalar puertas 'bunkerizadas' para evitar este tipo de prácticas.
En caso de que se requieran más puertas especialmente diseñadas para evitar la ocupación, la Comunidad las instalará en régimen de alquiler semanal, señalan desde la Consejería.
Por otro lado, el consejero ha señalado que se han entregado casi 500 viviendas al cupo de personas en especial necesidad en los últimos tiempos y ha recordado la labor conjunta con Cáritas para destinar viviendas del Ivima o el IRIS para personas en situación de desahucio o que no pueden hacer frente a los pagos.
Aparte, Cavero ha insistido en que otra de las acciones de la Comunidad son las 5.000 familias a las que se han bajado su renta a la cantidad "simbólica" de 50 euros, lo que revela la "sensibilidad" del Ejecutivo regional a las situaciones de especial necesidad causadas por la crisis económica. "Tenemos que estar a pie de calle y dar soluciones a estas situaciones", ha agregado.
