CCOO denuncia que la escuela pública acoge al 75% del alumnado inmigrante y reclama más equilibrio con la concertada

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid y su Federación Regional de Enseñanza en la Comunidad denunciaron hoy el "desequilibrio" en la escuela pública que hay desde que se procedió a las transferencias educativas hace ahora diez años, con ejemplos como el del alumnado inmigrante: según sus datos, más del 75 por ciento está en la escuela pública, aunque ésta sólo representa al 54 por ciento del total de la enseñanza.

El secretario general de CC.OO. Madrid, Javier López, explicó que aunque la red pública "aglutina en torno al 54 por ciento del esfuerzo educativo en esta Comunidad", recibe el 76,7 del alumnado inmigrante. "Es decir, algo más de la mitad de la educación madrileña asume el esfuerzo de más de tres cuartas partes de la integración de los alumnos inmigrantes", apuntó.

Además, añadió en este punto que lo hace de forma "selectiva" porque en el caso de los alumnos de origen africano, la escuela pública recibe "el 89,9 por ciento de escolarizados". Estos datos se traducen también como que el número de alumnos extranjeros por cada mil estudiantes es tres veces mayor en la red pública que en la privada y en el caso del alumnado africano, ocho veces mayor.

"Nos sentimos orgullosos de que la enseñanza pública madrileña esté realizando este esfuerzo pero creemos que la enseñanza sostenida con fondos públicos tiene que participar más activamente en (ello) y si no lo hace es porque la Administración regional lo facilita, no lo impide y mantiene una apuesta definida por un tipo de educación en el que haya colegios con pocos alumnos inmigrantes", indicó López.

LOS INMIGRANTES NO DIFICULTAN LA EDUCACIÓN

Preguntado por la última polémica generada a raíz de las normas de empadronamiento a inmigrantes en algunos ayuntamientos, López señaló que no se puede traer a personas extranjeras porque se las necesite para trabajar y después no darles los mismos derechos que a los españoles en cuanto a servicios y prestaciones se refiere.

"Tenemos que defender a esos trabajadores que están siendo explotados desde el punto de vista laboral y defender a los que se han incorporado a la vida española, y por lo tanto, tienen los mismos derechos que los trabajadores españoles en cuanto al acceso a determinados servicios y prestaciones", apuntó.

Por otro lado, y a coalición del tema tratado hoy, destacó que es "erróneo" pensar que la integración de los hijos y las personas inmigrantes "dificulta la educación", porque, en realidad, a su juicio, lo que ocurre es que "obliga a orientar y reorientar los procesos educativos, a adaptarlos a las nuevas situaciones".

En su opinión, esto forma parte de la vida misma: "la vida cambia para responder a las necesidades de la vida y tenemos que cambiar". Para López, el que crea que va a acortar los derechos de los inmigrantes "está muy equivocado" y subrayó que este trabajo se debe desarrollar, precisamente, desde las políticas públicas.

SITUACIÓN SIMILAR CON ALUMNOS DE COMPENSATORIA

En la misma dirección, y denunciando ese "desequilibrio" entre la escuela pública y privada, el secretario general de la Federación Regional de Enseñanza, Paco García, manifestó que la situación es parecida con los alumnos de compensación educativa: la red pública escolariza a más de dos tercios del alumnado de este tipo.

"La escolarización está marcada por enormes desequilibrios pues no todas las redes sostenidas con fondos públicos hace el mismo esfuerzo en escolarizar a todo tipo de alumnos", apuntó García, quien señaló que en el caso de la pública, el 2,3 por ciento son alumnos con necesidades educativas especiales diagnosticadas frente al 0,9 por ciento de la concertada.

Un desequilibrio que, en su opinión, multiplica por dos y medio el esfuerzo de una red y otra. Se trata, además, de una situación que, según su informe, sucede con los Programas de Diversificación Curricular: cerca del 78 por ciento que requiere algún tipo de trabajo añadido para su integración y buen desarrollo en el proceso educativo también se encuentra en la enseñanza pública.

Y todo, con desigualdades "muy importantes" a la hora de los gastos y la inversión. Así, explicó que el gasto por alumno en 2006 era en Madrid de 4.621 euros al año, por debajo de la media española, que se sitúa en 4.888 euros anuales. Estos datos dejan a Madrid muy lejos de comunidades como Euskadi (6.251 euros) y Navarra (5.896 euros), "que tienen similar nivel de renta".

Los últimos lugares en financiación también se reflejan, según el sindicato, con el porcentaje del PIB madrileño invertido en gasto público educativo. En 2007 continúa en el último lugar de todas las comunidades, pues cuenta con un 2,69 por ciento, una cifra muy por debajo de la media española, que se sitúa en el 4,4 por ciento.

García apuntó que desde 2003, cuando asumió la presidencia del Gobierno regional Esperanza Aguirre, el gasto educativo "cada vez representa un gasto menor" en los presupuestos, y a pesar de que los alumnos han crecido en los últimos años (más de 65.000 nuevos alumnos en todas las etapas).

La diferencia entre lo público y lo privado también se nota en la escolarización general: el 2001, el 51,3 por ciento de niños de 0-2 años se escolarizaban en centros públicos, por encima de la media española, mientras que en 2007-2008 baja casi 17 puntos y se queda en el 34,6 por ciento, frente al 43,8 por ciento de España.