MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, ha hecho un llamamiento este jueves que no se trate de confrontar a opositores a profesores con los tribunales examinadores, ya que estos siguen "una regulación marcada por la Consejería de Educación".
"La responsabilidad es total y absoluta de la Consejería", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación Galvín durante una protesta a las puertas de la Asamblea de opositores que han reclamado ver sus exámenes corregidos y conocer los criterios de evaluación, después de que en la Comunidad hayan sido elevadas las cifras de suspenso.
Asimismo, ha señalado que hay que tener en cuenta que los tribunales han sido reunidos para recordarles "que tienen que guardan absoluta confidencialidad". "Tengo constancia de que ha habido amenazas y recordatorios de que pueden ser sometidos a expedientes administrativos", ha asegurado, al tiempo en el que ha indicado que su margen de maniobra "es muy pequeño".
En este sentido, ha remarcado que la plantilla es homogénea y que, en ella, "es muy difícil moverse". A su parecer, el tribunal tampoco puede ejercer su criterio de manera libre sino que "está todo muy condicionado".
Galvín ha defendido que los problemas en el proceso no solo se pueden achacar al Estado, que tiene un modelo que rechazan, sino que en Madrid el mismo tiene "características específicas". En este sentido, ha recordado que en la región la prueba primera tiene un reparto de proporcionalidad de 70-30 y que la de 70 son prácticas.
Según la responsable de Educación en CCOO esta parte es la que está "absolutamente sin regular" ya que los opositores "no saben que se encuentran". "Estos prácticos en las últimas convocatorias han dado muchos bandazos. Como no hay un marco regulatorio no se sabe exactamente cómo van a ser las pruebas", ha criticado.
Por otra parte, ha señalado que en ellas hay otro elemento y es que se corrigen "bajo unos criterios que no se conocen", que son exclusivamente del tribuna. De esta manera, "el opositor no sabe dónde se ha puesto más importancia o menos". Además, produce que cuando ya sabe la nota el tribunal tiene prohibido por parte de la Consejería "enseñar el examen y debatir con el opositor".
Así, ha criticado que lo único que pueden hacer es presentar un "recurso de alzada" pero ha reconocido que cuando se resuelvan pueden haber visto "su vida arruinada durante dos años". "Esto es muy grave", ha clamado. En este punto, Galvín ha reconocido que esto viene sucediendo en años anteriores pero que en este las quejas son mayores porque el volumen de presentados ha sido mayor.
Asimismo, ha avanzado que van a poner en conocimiento de lo sucedido por la vía administrativa pero reclaman que "el sistema cambie" para que cuente con "garantías democráticas". "Los opositores deben conocer sus criterios de evaluación y tienen que tener derecho a reclamar su nota", ha clamado.
