El Ejecutivo regional destaca que siempre ha habido una actitud de diálogo y destacan que en Sanidad se logró acuerdos con sindicatos
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos presentes en la Mesa General de los Empleados Públicos han presentado, en una acción conjunta, han presentado acciones legales contra las repercusiones que ha tenido la modificación de la jornada laboral de empleados públicos.
Los sindicatos CCOO, UGT, CSIT-UP y CSI-F han presentado ya dos demandas (y en breve presentarán una tercera) en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por conflicto colectivo derivado de los hechos, acaecidos por la aplicación de la modificación de las condiciones laborales contenida en la Ley de Medidas Urgentes.
Concretamente, los sindicatos han denunciado al TSJM consecuencias concretas de la aplicación de la normativa, como es la reducción de días de asuntos particulares y vacaciones o la eliminación del complemento por Incapacidad Temporal.
En un comunicado, las organizaciones sindicales rechazan la política que lleva a cabo el Ejecutivo regional, que a su juicio vulnera "en todo momento la negociación colectiva y la libertad sindical", obligándoles a solicitar amparo a los tribunales de justicia.
"Esta acción deliberada de la Administración regional, vuelve, como en ocasiones anteriores, a suponer un incremento del gasto público en acciones judiciales, importe que pagarán todos los ciudadanos madrileños", remarca el comunicado.
APUESTA POR EL DIÁLOGO DEL GOBIERNO REGIONAL
Por su parte, desde la Consejería de Presidencia y Justicia destacan que el Gobierno regional ha mantenido siempre una actitud de diálogo con las formaciones sindicales, como revela que se hayan articulado 37 mesas sectoriales y se haya reunido siete veces la mesa de negociación general.
De hecho, recuerdan que en la Mesa Sectorial de Sanidad se ha alcanzado acuerdos generales con los sindicatos del sector, lo que ilustra la actitud dialogante de la administración y su voluntad de consenso.
Por otro lado, han remarcado que los cambios acometidos son 'instrucciones temporales' que pueden ser alteradas o suprimidas si se alcanza un acuerdo. "Se está negociando y se seguirá negociando", remarcan fuentes del Ejecutivo regional a Europa Press.
Además, subrayan que el hecho de que no se haya recurrido la normativa, aspecto que implicaría acudir al Tribunal Constitucional, indica que 'todo es jurídicamente correcto' en la Ley de medidas urgentes.
