EUROPA PRESS/PP DE MADRID
MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que la posible supresión del organismo del Defensor del Menor, anunciada ayer jueves por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, es una medida "que va en la dirección de que hay que apretarse el cinturón".
Tras una reunión mantenida con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, Cifuentes ha indicado que el Gobierno regional "ha sido pionero en cuanto a tomar medidas de reducción del aparato administrativo y de la propia estructura autonómica".
"Mientras otros hablaban de brotes verdes y de situación pujante, la Comunidad llevaba más de dos años tomando medidas de reducción de consejerías, dirección generales, gastos de representación, coches oficiales, etcétera. Y esta medida va también en la misma dirección, pero a mí me parece que en tiempos de crisis las administraciones públicas nos tenemos que apretar el cinturón", ha señalado la delegada.
OTEADORES.- Desde oteadores o gente que hace avistamientos de edificios. Desde que terminamos la edificación de unos pisos hasta que se ocupa legalmetne por el ciudadano, hay decalajes porque tienen que firmar sus contratos, cambios de enseres, mudanzas, y ese tiempo aprovechan las personas hay efecto llamada. En un caso de Navalcarnero hubo efecto llamada de personas que venían de Extremadura. La Ley de Arrendamientos urbanos está preparada para relaciones normales, pero cuando se involucran ciudadanos que lo único que hacen es aprovecharse de nuestros sitema, Estado de Derecho y Bienestar, se producen interferencias graves a la hora de la resolución.
Cuando tenemos que poner recursos humanos y materiales para recuperar el piso a echar estas personas, que tardan mucho tiempo, arreglar los desmanes que hacen, estamos desviando fondos para lo verdaderamente importante, que es seguir construyendo viviendas para la gente que lo necesita.
En estos movimiento que hay tantísimo movimiento en la calle, se produczan oteadores y se queden en las casas.
Ejemplaridad a la hora de cumplir la ley y que nuestra obligación es hacerlas cumplir para salvaguardar los derechos de los ciudadanos de buena fe. Como somos capaces de preveer las cosas, Si lo ponemos coto, no perderemos tiempo y dinero en personas que se dedican a esto como un negocio no nos desviemos del objetivo
VIVIENDA CIFUENTES. Vamos a realizar un amplio informe jurídico que vea cuáles son los mecanismos legales para intentar agilizar los procedimientos legales para desocupar las viviendas y ayudar a las administraciones públicas que tienen para preservar el patrimonio de todos los madrileños.
Hemos recibido una propuesta que vamos a estudiar de posible modificación del Código Penal para ver la posibilidad para que los daños que se producen a las propiedades públicas, que son muy cuantiosos, que son pagados por el dinero de todos y ver si se puede pedir algún tipo de responsabilidad legal y patrimonial para restituir ese daño. El daño es realmente impresionante
Hemos establecido un mecanismo de coordinación permanente, que no existía hasta ese momento, entre la Consejería y la Delegación que haya una actuación temprana cuando se produce una irrupción ilegal en una vivienda pública, un mecanismo para que la Comunidad tenga el auxilio de las FCSE para que una irrupción inmediata pueda derivar en una okupación a largo plazo.
Las viviendas del Ivima son viviendas de protección para rentas muy bajas que se okupan a la fuerza, no sólo el dinero que tiene que destinar la Consejería a la reparación de las viviendas que se deja de utilizar para los fines propios, sino que esas propias casas okupadas no pueden ocupar sus legítimos destinatarios, que son familias humildes y sin recursos. De ahí la importancia de defender los bienes públicos y lo que es de todos, y en este caso a las familias más desfavorecidas.
En 2011 desalojos y desahucios Ivima e Iris 214 ocasiones en 2011 y 25 en 2012. Colaboración a asentamientos chabolistas. En la Guardia Civil diez asentamientos y Cañada Real.
A parte de la colaboración lógica, evitar muchos procedimientos judiciales por una labor preventiva y colaboración absoluta con el resto de las admnones
Mariño: no podemos tolerar que morosos que llevan tiempo sin cumplir sus compromisos ni pagar sus rentas y que además producen perjuicios importantes en el bien público vivan a costa de la buena voluntad de los ciudadanos y los demás. Sólo recuperamos la vivienda en el caso de personas o familias muy conflictivas, que generan mucha problemática con sus vecinos, que además generan tensiones en muchos casos dramáticas. Son gentes muchos que tienen relaciones con la delincuencia y con morosidades continuadas en el tiempo. Muchos de estos casos, que han salido en los medios de comunicación, llevan años sin pagar los alquileres al IVIMA. No son motivos de impagos por la situación de crisis económica, sino que vienen intentando vivir del esfuerzo de los madrileños durante mucho tiempo.
Por tanto, el apoyo de Cifuentes va a intentar que al final esas personas puedan hacer estos derechos en paz y tranquilidad para que todos puedan tener una convivencia solidaria y las viviendas para aquellos que realmente lo necesitan.
No puede decir que la otra delegada no haya cumplido con su obligación a mandar a la Policía con un desahuicio conflictivo, eso es un derecho que el juez ha sancionado. Ahora sensibilidad para actuar con prevención, ala vez de, porque los dos queremos defender el bien público y los derechos y es una diferencia de planteamiento. Antes efectos consumados y ahora preventiva. Los derechos de los ciudadanos honrados de Madrid frente a los que quieren aprovecharse de la solidaridad que siempre demuestran los madrileños con los que más lo necesitan.
MEDIO AMBIENTE.
Mariño. Le hemos pedido apoyo del seguimiento de los controles ilegales de vertidos y de los ilegales en el suelo de aceite y que provocan un daño muy importante en el entorno.
Se está produciendo los robos en las zonas rurales, desde maquinaria hasta productos hortofrutícolas, que se venden de forma ilegal en los mercadillos.
Sólo se pueden incrementar la vigilancia, complicado porque en un entorno rural no se puede tener todo vigilado, pero la Guardia Civil se compromete a incrementar la vigilancia y se va a intesificar el control del material robado y se puede sancionar a quien de una salida en el mercado a este tipo de material robado.