Cifuentes espera que el 90% de las 21 toneladas de droga incautada en Madrid sea destruida en un año

La droga almacenada genera problemas de ubicación, seguridad y salubridad

Reunión en la Delegación del Gobierno
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID
Europa Press Madrid
Actualizado: jueves, 4 abril 2013 17:14

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, espera que en el plazo de un año "como mucho" se destruya el 90 por ciento de las 21 toneladas de droga almacenada en Madrid fruto de incautaciones policiales.

Para conseguirlo, la Delegación de Gobierno, miembros de la Administración de Justicia, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han constituido este jueves una Comisión que facilita la destrucción de alijos de droga de gran antigüedad incautados en operaciones policiales y ubicados dependencias de diferentes administraciones.

Cifuentes ha señalado que para conseguir que en un año se destruya el 90 por ciento de la droga almacenada va a depender de la voluntad de los jueces de solicitar o no que esos alijos se sigan custodiando, aunque considera que la regla general "va a ser la destrucción".

La comisión tiene el objetivo de incrementar la coordinación de las diversas instituciones, para facilitar la destrucción de las grandes cantidades de drogas que se incautan en las operaciones policiales, adecuando los protocolos de actuación a la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se trata de la Comisión Provincial de Seguimiento del Acuerdo Marco sobre destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que han constituido esta mañana la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana María Ferrer; el fiscal jefe de esta Audiencia, Eduardo Esteban, así como representantes de la Jefatura Superior de Policía y de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

La constitución de esta Comisión aplica en el ámbito de la Comunidad de Madrid el Acuerdo Marco suscrito con el mismo objetivo a nivel nacional el 3 de octubre de 2012 por el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los ministerios competentes en esta materia y la Agencia Española de Medicamentos.

En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, la delegada del Gobierno ha señalado que la persecución de los delitos contra la Salud Pública conlleva la incautación de importantes cantidades de droga que se ponen a disposición judicial, "lo que genera grandes problemas de custodia y almacenamiento hasta que se lleva a cabo la destrucción definitiva de la droga por el Juzgado una vez finaliza el procedimiento".

Así, ha explicado que en muchas ocasiones, se excede la capacidad de los depósitos, y la droga debe almacenarse en lugares no idóneos desde el punto de vista de la seguridad y de la salubridad. Buena muestra del problema que genera el almacenamiento innecesario de drogas, es que en Madrid se ha llegado desde 2006 a más de 21 toneladas, que se localizan en distintos recintos.

Dadas estas circunstancias, se considera que los depósitos de droga deben limitarse a los casos que la Ley estipula como necesarios, evitando aquellos otros en los que expresamente ordena la destrucción de las sustancias.

Además, según Cifuentes, esta agilización va a poder permitir poder centralizar toda esa droga en unas condiciones de seguridad e higiénicas "positivas" porque "el problema es que ahora está dispersa en las comisarías, en los puestos de la Guardia Civil, en el aeropuerto de Barajas, en las propias cámaras de la Delegación, lo que es algo muy peligroso".

REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Este objetivo, además, se ve facilitado por la reciente reforma del artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del 374 del Código Penal que entró en vigor el 24 de febrero.

A diferencia de la situación anterior, establece como regla general la destrucción anticipada del alijo intervenido, una vez efectuados los informes y análisis pertinentes, conservando muestras suficientes a efectos de posibles comprobaciones o investigaciones posteriores, y procediendo la conservación íntegra de la droga sólo en aquellos supuestos excepcionales en los que se considere preciso, mediante resolución judicial expresa y motivada.

Por ello, mientras que los alijos requisados después de esa fecha podrán ser destruidos en el plazo de un mes, una vez recogida un pequeña cantidad para análisis policial y siempre y cuando el juez del caso no ponga objeción, los almacenados desde antes de esa fecha se someterán a un proceso de estudio para agilizar su destrucción.

De hecho, Cifuentes ha reconocido que será una labor "complicada" porque algunas incautaciones no tienen detenidos o procesados y otras que son antiguos "y es difícil identificar de qué juzgado depende ese procedimiento", aunque ha insistido en que intentará agilizar esos tramites para que "la norma general sea la destrucción".

Además, se debe diferenciar los alijos inmersos en procedimientos judiciales, que son los más grandes, con los que son simples incautaciones en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadanía. "En este último caso el problema es menor porque la destrucción depende de la Delegación y se van a verificar todos los procedimientos que han prescrito para ordenar la destrucción directamente", ha anunciado.

La delegada del Gobierno en Madrid ha apuntado que se va a dirigir por escrito a los decanatos de los jueces y al presidente de la Audiencia Nacional y la propia presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid va a pedir a la sala de Gobierno para que este procedimiento se inicie.

"Hoy se da un paso más en resolver un problema de la custodia de las sustancias tóxicas desde hace años. Agilizará el proceso de destrucción de la droga, siempre estableciendo las pautas necesarias para que quede protegido y salvaguardado el derecho de defensa de los afectados por estos procedimientos. Espero que en un espacio de tiempo podamos tener resultados prácticos", ha indicado Ana Ferrer, que no ha querido dar una fecha concreta.

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial ha señalado que es un viejo problema y que aunque no ha pasado ningún caso de desaparición de sustancias estupefacientes requisadas en Madrid, tras la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal "debemos ponernos en marcha y vamos a quitar un auténtico problema de encima".

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