MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, anunció hoy que impugnará ante el Tribunal Constitucional el proyecto de Real Decreto sobre células y tejidos humanos y que regula la posibilidad de los bancos privados de cordón umbilical en el caso de que el Ministerio de Sanidad no lo modifique y se mantenga en los términos actuales, al considerarlo "inconstitucional" y "por vulnerar los derechos de los pacientes y cercenar las competencias de las comunidades autónomas".
Tras la celebración del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Lamela manifestó su "flagrante oposición" respecto al Real Decreto sobre garantías de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos --que prepara el Ministerio de Sanidad-- y que, a su juicio, es una justificación "a posteriori" del decreto que presentó la CAM en esta materia y que permanece suspendido.
Según Lamela, este Real Decreto vulnera las competencias de las comunidades autónomas de una manera nítida, al impedir cualquier tipo de desarrollo jurídico y legal por parte de las autonomías, y limita la libre competencia. Asimismo, indicó que por motivos de legalidad también sería impugnable ante la vía contencioso-administrativa y se pediría su suspensión.
Bajo el pretexto de desarrollar dos directivas comunitarias, según el consejero de Sanidad de Madrid, "va más allá de las mismas, cercenando los derechos que tienen otros ciudadanos de la Unión Europea sobre si quieren o no donar las muestras de sangre de cordón umbilical que mantienen guardados". En este sentido, criticó que "coarta la libertad de los españoles, convirtiéndolos en ciudadanos de tercera división, abocándoles a tener que recurrir fuera de las fronteras de España".
"El Ministerio intenta cubrir todas las lagunas legales en este ámbito y justificar la 'sinrazón' de recurrir el decreto de la Comunidad de Madrid", sostuvo Lamela, quien precisó que esperará para ver en qué términos se aprueba finalmente.
MANTIENE LOS DATOS DE LISTAS DE ESPERA
Respecto al tema de las listas de espera quirúrgicas, un asunto que también se trató durante el pleno del CISNS, Lamela destacó es "resulta lamentable" que los datos a nivel nacional vayan a peor, y que se mantenga una demora media de 83 días en las listas de espera. "Esto representa la crónica del fracaso de una política inexistente de Sanidad a la hora de cubrir su objetivo, que es abordar un plan nacional de listas de espera quirúrgica y que según la ministra no tiene ni la capacidad, ni fondos, ni voluntad para abordarlo en esta legislatura", criticó Lamela.
Por contra, --añadió-- afortunadamente el Gobierno de la CAM no tiene esa situación y mantiene el compromiso que anunció en esta materia, con un fechas y datos concretos, e insistió en que tiene la intención de seguir mandando los datos a la Administración como hasta ahora. Asimismo, pidió a la titular de Sanidad, Elena Salgado, que rectifique y retire la afirmación de que: "el Gobierno de Madrid atenta contra la salud de los ciudadanos".
FINANCIACIÓN PARA EL PLAN DE CARDIOPATÍA
Por otra parte, Lamela manifestó que la Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud que se ha aprobado "es bueno", pero que debe ser un plan integral, al incluirse en la Ley de Cohesión y Calidad.
En este sentido, solicitó financiación por parte del Fondo de Cohesión del SNS para que lo puedan llevar a cabo las comunidades autónomas y garantizar que sea homogéneo. "El Ministerio de Sanidad debería co-financiar las actuaciones de la estrategia", dijo.
"Es muy fácil decir lo que hay que hacer a otros y quitarse de en medio y, cuando no se hace, decir que la culpa es de todos", sostuvo, insistiendo en que "para eso no hace falta un Ministerio de Sanidad, ni un sistema de salud, sino 17 gobiernos independientes, que es lo que parece que quiere el Gobierno.
Respecto a la Ley de investigación Biomédica, el consejero de Sanidad de la CAM aseguró que "se debe seguir trabajando" y resaltó que lo único preocupante es que se utilice un marco jurídico ambicioso para hacer actuaciones de tipo demagógico y lanzar mensajes concretos. "Hay que investigar pero con límites de ética que establecen los países occidentales", concluyó.