Citan como investigados a dos cargos de la Comunidad por prevaricación en una concesión en el Parque de Guadarrama

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COMUNIDAD DE MADRID - Archivo
Publicado 07/03/2019 16:03:24CET

Un tercero fue cargo de Medio Ambiente y ahora es concejal en Majadahonda. La concesión fue revertida antes de iniciarse el proceso

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo ha citado como investigados a tres altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente en 2014 por presunta prevaricación en la concesión de una parcela con casas forestales en La Pedriza, en el interior del Parque Nacional de Guadarrama.

Se trata del exdirector general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, el codirector del parque, Pablo Sanjuanbenito, y el responsable de Espacios Protegidos Ismael Hernández. El Juzgado les ha citado como investigados tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente al apreciar irregularidades en este proceso, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha sido citada como testigo por este juzgado y estudia la opción de personarse en el proceso, han explicado desde la entidad. Actualmente, Riquelme es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda.

Desde Ecologistas en Acción han explicado a Europa Press que el proceso surge respecto a la concesión de 2014 de una parcela de 8.500 metros cuadrados con una serie de edificaciones de piedra y granito, en concreto unas naves alargadas de unos 200 metros cuadrados de longitud, ubicadas en el término municipal de Manzanares El Real.

En 2014, la Consejería de Medio Ambiente decidió convocar un concurso público para darle uso a estas instalaciones a partir de una concesión con un canon de 2.000 euros anuales tras presentarse al proceso una sola empresa, según adelantó 'eldiario.es'.

Desde el colectivo ecologistas apuntan a que estas casas forestales se sitúan en un monte de utilidad pública y se encuentran en régimen epecial por estar adscritos al servicio público. Por tanto, para cualquier tipo de actividad privada debe estar acorde con la normativa y ser autorizada por la administración regional y autonómica.

Estas edificaciones fueron construidas en los años 50 y servían como alojamiento de personal encargado del mantenimiento del monte y almacen de la maquinaria. Posteriormente paso a formar parte del INEM para hacer cursos sobre cuidado del monte y en 1992 quedó en desuso.

En 2014 la Consejería decidió sacar a concurso la utilización de estas naves para albergar un centro de información sobre el Parque Nacional de Guadarrama, junto a un establecimiento de bar-cafetería, venta de merchandaising y actividades múltiples con arrendamientos a privados.

La Comunidad de Madrid adjudicó el concurso y fue entonces cuando Ecologistas en Acción solicitó información a la Comunidad de Madrid, pidiendo examinar el expediente y los pliegos de condiciones. Entonces, detectó que los usos no eran acordes con lo que permite la Ley de Parques Nacionales y la normativa de la localidad.

En consecuencia, solicitaron a la Comunidad de Madrid la revisión de la concesión al entender que era "ilegal" y se inició una revisión del expediente, que fraguó en una orden de anulación de esta concesión.

Sin embargo, y pese a que Ecologistas en Acción no se dirigió por vía penal, recientemente ha recibido una resolución del Juzgado en la que se le cita como testigo en el proceso de denuncia en relación a estos tres altos cargos ante presunta prevaricación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha asumido la defensa procesal de estos dos cargos de la Consejería de Medio Ambiente al "considerar que no ha existido ninguna conducta punible por su parte". No obstante, fuentes de este departamento han indicado que Riquelme ha rechazado dicha cobertura y ha optado por realizar su defensa personalmente.

En la Consejería de Medio Ambiente consta que los imputados "procedieron a rectificar su actuación antes de recibir ninguna comunicación judicial, proponiendo de oficio la revisión de la concesión administrativa". Posteriormente la Comunidad declaró su nulidad de pleno derecho.

Finalmente, desde el Ejecutivo regional apelan a la presunción de inocencia de los tres investigados, así como el respeto a todos los procesos judiciales.

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