Ciudadanos deberán acreditar fehacientemente que no disponen de recursos para acceder a la Justicia gratuita

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, presentó hoy ante el Consejo de Gobierno el informe de tramitación de un nuevo decreto para regular el acceso a la Justicia gratuita y en el que se establecerá que sólo podrán beneficiarse de este servicio aquellas personas que acrediten "fehacientemente" su ausencia de recursos.

El texto, que según Granados "no recorta derechos, si no que los hace más justos", explicó que no se trata de distinguir entre españoles y extranjeros, si no de "racionalizar" los recursos.

Además, adelantó que desaparecerá la presunción de insuficiencia de ingresos por parte de los abogados. En este sentido, precisó que de ahora en adelante, los letrados no tienen capacidad para presumir este carencia de recursos.

Otro de los puntos que desarrollará el texto se centra en que los abogados tendrán que presentar siempre una acreditación en la que se especifique que recurren una resolución "por mandato expreso" del cliente, ya que hasta ahora "se estaba produciendo el abuso por parte de algunos letrados" en este aspecto.

Según Granados, los abogados recurrían "incluso sin el mandato de su cliente y cuando éste ni siquiera se encuentra en España". "Esto supone mucho gasto en asistencia jurídica gratuita, y un aumento de papeles que introducimos en el sistema, de trabajo y de ineficiencia, de colapso de la Administración", mantuvo.

DELITOS DE TRÁFICO

El decreto también modificará algunos "módulos" en algunas órdenes que afectan a la Justicia gratuita, por ejemplo, en lo relativo a los delitos de tráfico. "Solamente se prestará la asistencia jurídica gratuita a aquél que no tenga seguro de circulación o que de manera fehaciente certifique y pruebe que no tiene suficiencia de ingresos. Esto prácticamente va a quedar en nada porque es evidente que tendrá la propiedad del vehículo", indicó el consejero.

Granados subrayó que existe una "proliferación tremenda" de delitos relacionados con el tráfico y recalcó que, hasta ahora, "prácticamente la totalidad de estos delitos han sido pagados en cuanto a su asistencia jurídica por parte de la Comunidad de Madrid". "A cualquiera de nosotros se nos detiene por una alcoholemia o exceso de velocidad, se nos lleva a un juzgado, se nos pone un abogado de oficio y ese abogado el paga la Comunidad", ejemplificó.

Por ello, el decreto establecerá que sólo se prestará la asistencia jurídica gratuita a aquél que no tenga seguro o que de manera fehaciente certifique y pruebe que no tiene suficiencia de ingresos. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, matizó este punto al decir que hay que ver cómo se plasma esto en el texto pues "si no se tiene seguro, no se va a premiar" al conductor que haya delinquido.

"Nos parece poco presentable e injusto que los madrileños estemos pagando de nuestros impuestos la asistencia jurídica en estos delitos de tráfico", sostuvo el consejero, a lo que Aguirre puntualizó: "Cualquiera que sea la fortuna del detenido por alcohólico".

Finalmente, Granados recordó que cuando la Comunidad de Madrid recibió las transferencias en materia de Justicia en 2002, se valoró este servicio en 9 millones de euros, cuando ya se han aportado 50 millones.

"El crecimiento ha sido exponencial y entendemos que es el momento de racionalizar el servicio, no sólo con el objetivo de destinar los recursos de los madrileños allá donde más se necesitan, si no con el de prestrárselo a las personas que más lo necesitan en las mejores condiciones", concluyó.