Simancas exige "responsabilidades políticas" a Gallardón y pide a Aguirre que no emplee el mismo sistema en las nuevas ampliaciones
MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La comisión de investigación "alternativa e independiente" que el grupo socialista puso en marcha en la Asamblea de Madrid para analizar las condiciones en que se inauguró, en 1999, la ampliación de la línea 9 del metro concluye que el método de concesión privada escogido por el Gobierno regional generó "riesgos para usuarios y trabajadores", provocó un sobrecoste anual para el erario público del 40 por ciento y supuso "una discriminación" para los vecinos de Vicálvaro, Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey.
Así lo manifestó hoy el portavoz del grupo socialista, Rafael Simancas, quien presentó las conclusiones elaboradas por "los profesionales técnicos, responsables sindicales y expertos jurídicos de perfil independiente" que han participado desde abril en esta comisión, que el PSOE decidió constituir tras la negativa del Partido Popular (PP) a investigar el caso en sede parlamentaria al entender que carecía de "interés público".
Simancas exigió la asunción de "responsabilidades políticas al máximo nivel" al entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón; a su director general de Carreteras, Francisco Javier de Águeda; y a su director general de Infraestructuras, Manuel Melis, quien inició la polémica al reconocer, en un informe para la construcción del metro de Málaga, la existencia de "deficiencias" en la línea 9 que podrían haber provocado "una catástrofe".
"AGUIRRE OBSTACULIZA LA INVESTIGACIÓN"
El dirigente socialista hizo extensivas las responsabilidades a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y a los consejeros de Transportes de la Comunidad desde 1999 (Luis Eduardo Cortés, Francisco Granados, María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez) por "obstaculizar una investigación necesaria e importante". Según explicó, el Gobierno regional sólo ha entregado al grupo socialista el 10 por ciento de la documentación que éste le ha solicitado en los últimos siete años.
Simancas, que aseguró que se mostró convencido de que "nadie va a dimitir" y aseguró que "los ciudadanos se cobrarán esa responsabilidad el último domingo de mayo de 2007 (fecha de las próximas elecciones municipales y autonómicas), poniendo a cada uno en su lugar".
De igual modo, pidió a los actuales responsables del Gobierno regional que no empleen el sistema de concesión a una empresa privada en las nuevas ampliaciones del Metro y en la construcción del Metro Ligero, al entender que ha quedado demostrado que es "ineficaz", entraña "riesgos para la seguridad" y es "excesivamente gravoso para las arcas públicas".
INSEGURIDAD Y SOBRECOSTE
El documento de conclusiones de la comisión, que el PSOE remitirá a la Cámara de Cuentas para la realización de "una fiscalización específica" de este contrato, detalla que la fórmula de construcción elegida supuso "un incremento de la inseguridad y del riesgo", como evidencian, según los socialistas, los cinco incidentes que sufrió la línea entre el 9 de mayo y el 17 de agosto de 1999 y un sexto que tuvo lugar el pasado 23 de junio.
Durante este periodo, se produjo la caída de cinco torres de sujeción del tendido eléctrico, el desprendimiento de una catenaria y dos planchas de acero y una avería en el sistema eléctrico, entre otras incidencias. Simancas achacó estos fallos a "las prisas electoralistas" del Gobierno del PP por "inaugurar estas obras antes de los comicios" de 1999.
En sus once páginas de conclusiones, la comisión detalla que la fórmula de concesión escogida para la ampliación supuso "un coste muy superior" al inicialmente previsto de 108,39 millones de euros, que Simancas cifró gobalmente en 141 millones. En este sentido, apuntó que el propio Melis recordaba en su informe que "la concesión privada a precio cerrado constituye un serio riesgo porque las empresas juegan a ahorrarse costes, lo que provoca pérdidas en la calidad de servicio y en las condiciones de seguridad".
En este punto, el dirigente socialista aseguró que "algunos interrogantes siguen sin respuesta", entre los que citó "quién ejecutó las obras y reparaciones llevadas a cabo tras la inauguración de la ampliación", "quién corrió con los gastos" y "a cuánto ascendió el coste total de las reparaciones".
MENOR EFICACIA
Asimismo, los expertos convocados por el PSOE, que han estado coordinados por el portavoz parlamentario de Transportes, José Quintana, mantienen que la fórmula de contratación y financiación utilizada en la línea 9 "no ha aportado más eficacia" a esta línea, entre otras cosas porque "se prometió la construcción de una tercera estación para Rivas que aún no se ha construido".
A este respecto, señalan que el viajero de la línea 9 entre Rivas y Arganda del Rey, denominada TFM, "se encuentra en una situación de discriminación frente al usuario general", ya que "paga un 50 por ciento más por su billete sencillo", los trenes "tienen una frecuencia muy inferior" al resto de la red y no existe el servicio de buhometros. Esto se debe, según la comisión, a que el usuario de TFM paga "la totalidad del gasto de explotación" de la línea y, en el resto de las líneas, este porcentaje se limita al 44 por ciento.
