El comité de huelga educativa muestra su "total rechazo" a las instrucciones de la Comunidad y las tacha de "ataque"

Adelantan que las impugnarán y señalan como siguiente paso necesario las "cautelarísimas"

Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España).
Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 20 noviembre 2026 10:49

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria madrileña ha mostrado su "total rechazo" ante la orden emitida por la Comunidad sobre servicios mínimos, y las dos instrucciones dictadas por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa sobre el refuerzo y continuidad de los aprendizajes y la neutralidad institucional y docente, por las que presentará una impugnación este viernes.

Dichas instrucciones, firmadas este jueves por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, y a las que ha tenido acceso Europa Press, establecen que "el centro docente público es de todos y debe ser neutral" y subrayan que "su función es educar, no adoctrinar". Ambas comienzan a aplicarse este viernes, tal y como han hecho constar los profesores en un comunicado.

Los sindicatos que conforman el comité han calificado estas publicaciones como un "ataque contra el derecho de huelga". Además, han aseverado que el Gobierno regional ha "hostigado" a los docentes desde el comienzo de la misma, "insultando al profesorado en lucha", "despreciando" sus reivindicaciones, "ignorando al Comité de Huelga" y, en última instancia "elevando el tono y pasando a las amenazas, denuncias e instrucciones como estas".

Todo ello, han recalcado, se ha producido "sin ninguna base legal" que lo respalde, ya que consideran que se trata de medidas para "incrementar la presión" en vez de haber organizado "una negociación efectiva".

Por estos motivos, han responsabilizado "de todas las consecuencias de la huelga" al Gobierno de la Comunidad de Madrid y, "muy especialmente", a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, a la que han exigido "la retirada de la nueva orden y las dos instrucciones", además de "su dimisión". También le han recordado "tiene un requerimiento pendiente para reunirse con el comité".

SERVICIOS MÍNIMOS

Los sindicatos han apuntado que la imposición de estas "nuevas funciones de control" exceden la potestad de la Consejería, que tampoco puede "condicionar las decisiones pedagógicas" del Claustro y del Consejo Escolar.

Por otro lado, sobre la ampliación de los servicios mínimos, se apoyan en el artículo 28.2 de la Constitución Española para defender que la eficacia del derecho a huelga "no puede ser anulada mediante la imposición de unos servicios mínimos" que suponen un "funcionamiento ordinario". "Ninguna de estas medidas ha sido técnicamente justificada", han sentenciado.

También han afirmado que la duración de una huelga "no puede convertirse, por sí misma, en justificación suficiente para ampliar progresivamente los servicios mínimos hasta neutralizar sus efectos". Es por esto que han señalado que el Ejecutivo regional "debe responder ante la ley" y que "urge pedir unas cautelarísimas" que puedan paralizar los servicios mínimos mientras dure la huelga.

REFUERZO Y CONTINUIDAD DE LOS APRENDIZAJES

Las instrucciones sobre medidas extraordinarias de refuerzo y continuidad de los aprendizajes establecen "nuevas obligaciones de diagnóstico, revisión de programaciones, elaboración de materiales, seguimiento individualizado, información a las familias y remisión periódica de informes", según recoge el comunicado de los docentes.

En este aspecto, el comité ha calificado de "inadmisible" que la Administración "pretenda trasladar a los equipos docentes y a los centros educativos la responsabilidad de paliar los efectos de un conflicto cuya solución depende de la propia consejería".

Aunque las instrucciones del área de Zarzalejo afirman expresamente que no se impondrá al personal huelguista la recuperación de las sesiones no impartidas ni la realización de horas extraordinarias, y que tampoco habrá una ampliación de funciones del, el Comité ha advertido que el texto es "ambiguo" y que puede dar pie a distintos "mecanismos indirectos de compensación".

En particular, para los docentes preocupa "la exigencia de preparar materiales destinados a la atención de grupos cuyo profesorado se encuentra ejerciendo su derecho de huelga", así como la reorganización de apoyos y actividades que pudieran utilizarse para sustituir sus funciones.

Asimismo, ha incidido en que, durante la huelga, los departamentos y equipos de ciclo "deben tener disponibles los materiales previstos para ausencias", adaptados a los aprendizajes imprescindibles.

Por otro lado, la orden recoge que la dirección debe remitir mensualmente a la Dirección de Área Territorial un informe con las sesiones no impartidas por grupo y materia, las medidas adoptadas y las dificultades que afecten a evaluación, titulación o acceso. Ante esto, el comité ha señalado que "la combinación de estos datos puede permitir identificar de forma indirecta a quienes están sosteniendo la huelga de cara a facilitar un señalamiento ante Inspección Educativa, otros compañeros no huelguistas, familias y alumnado".

INSTRUCCIONES DE NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL Y DOCENTE

Acerca de la neutralidad exigida por el Gobierno de la Comunidad en los centros educativos, los sindicatos han afirmado que esta es "pretendida" y "ridícula". Además, han criticado que "atenta contra el ejercicio de la libertad sindical, la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el derecho de huelga del personal docente".

Las instrucciones establecen, además, un procedimiento específico de comunicación de incidencias relativas a esta neutralidad, mediante formularios dirigidos a las Direcciones de Área Territorial y con intervención del Servicio de Inspección Educativa.

Para los sindicatos, esta es "una herramienta que busca dividir al profesorado, que alienta al chivatazo contra el compañero y que pretende debilitar la lucha colectiva". Asimismo, cuando los carteles los hayan colocado terceros o estén en una fachada o valla municipal, la dirección debe trasladar el caso a la DAT para que coordine la actuación. También han reflejado "especial preocupación" por la posibilidad de que la comunicación de estos hechos "desemboque en actuaciones de control".

En este sentido, en el comunicado se exige que la Administración "se abstenga de promover cualquier actuación de vigilancia, señalamiento o represalia contra el profesorado y los representantes sindicales por actividades legítimamente amparadas por la Constitución y la legislación vigente".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SOLUCIÓN AL CONFLICTO

Los sindicatos han compartido "la preocupación por garantizar los derechos educativos del alumnado" pero, a su vez, "rechaza frontalmente" la utilización de estos derechos como justificación para adoptar medidas que puedan "vaciar de contenido" otros derechos.

Han insistido en responsabilizar "exclusivamente a los distintos Gobiernos de la Comunidad de Madrid de las consecuencias que esta huelga esté acarreando" en los centros. Han culpado al Ejecutivo regional de dirigir hacia el "deterioro y desmantelamiento" la educación pública para "favorecer la privatización del sector".

"Sus declaraciones lastimeras y justificaciones de actuación por la preocupación por nuestro alumnado chocan con décadas de Gobierno actuando contra el sistema público, su alumnado y sus trabajadores y trabajadoras", han aseverado.

Asimismo, ha incidido en que las tres medidas implementadas por la Comunidad, sumadas a las propuestas de sanción contra quienes están "luchando en las calles por hacer realidad la tabla reivindicativa de esta huelga", o la denuncia al comité por organizar la movilización del profesorado, suponen un "ataque".

Ante esto, han apuntado que "el siguiente paso debe ser la solicitud de medidas cautelarísimas para paralizar los servicios mínimos y la denuncia sobre las instrucciones recibidas". Además, han informado que el equipo jurídico "presentará la impugnación" este viernes.

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