Archivo - El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo
MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha presentado cuatro alegaciones ante el Consejo de Estado al proyecto de real decreto del Gobierno central que regula los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental de los centros de datos y alude a la invasión de competencias y riesgo para las inversiones.
En concreto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que la norma está excesivamente centralizada, invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica, lo que introduce "incertidumbre" para las empresas y puede poner en riesgo las inversiones en estas infraestructuras estratégicas.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que desista de este real decreto, "rechazado por empresas tecnológicas y energéticas, el sector de los centros de datos y las comunidades autónomas", y se siente a consensuar una nueva regulación que garantice la seguridad jurídica, proteja las inversiones y establezca obligaciones y penalizaciones proporcionadas.
"Las últimas modificaciones realizadas por el Gobierno han dejado un texto todavía peor que el inicial. Lejos de corregir sus problemas, el nuevo Real Decreto invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica en el sector, poniendo en riesgo inversiones estratégicas para nuestra región. No podemos aceptar una regulación que imponga nuevas obligaciones, incluso a proyectos que están en marcha", ha remarcado.
En este sentido, el Gobierno regional advierte de que el texto va más allá de establecer requisitos generales de sostenibilidad y pretende regular aspectos como la ubicación, implantación y actividad de los centros de datos, que afectan a competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo, industria, medio ambiente y energía.
Además, rechaza que las nuevas obligaciones se apliquen a instalaciones que ya funcionan o a proyectos en tramitación, ya que podrían generar "costes imprevistos, perjudicar inversiones en marcha y crear desigualdad entre operadores".
Igualmente, ve "desproporcionadas" las penalizaciones previstas para los centros de datos que incumplan los requisitos, con recargos que pueden alcanzar hasta el 500% de determinados importes de su factura, y cuestiona su cobertura legal.
Asimismo, critica que el proyecto se haya tramitado sin comunicación previa a la Comisión Europea, pese a incluir requisitos que pueden afectar a la actividad de los operadores y a la prestación de servicios digitales.
Frente a ello, ha reclamado "reglas claras, seguridad jurídica y respeto a la competencia de cada Administración" para seguir "atrayendo inversiones y creando oportunidades en un sector que es la base de la economía digital de nuestro país". "Los centros de datos son una infraestructura esencial para el desarrollo de la economía digital de nuestro país", ha remarcado el consejero.
