MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid se congratuló hoy por la decisión del Congreso de los Diputados, que ayer decidió retirar la Oficina del consumidor de la Comisión Nacional de la Energía que pretendía crear el ministro de Industria Miguel Sebastián, informó hoy el Gobierno regional.
Para la Comunidad, esta decisión supone "un espaldarazo" a sus tesis, ya que el pasado 14 de mayo decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley (RDL) que aprobaba la creación de este servicio en la CNE al considerar que invadía competencias autonómicas y que estaba exento de motivaciones de urgencia.
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó ayer el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones procedente de dicho RDL tras retirar el artículo que contemplaba la creación de la Oficina del consumidor de productos energéticos en la CNE.
El Gobierno regional señaló en su día que la apertura de dicha oficina no solucionaría el verdadero problema de los consumidores, "que no es otro que la fuerte subida encubierta de las tarifas de electricidad que ha propiciado el Ministerio de Industria a principios de año", indicó en un comunicado.
A su juicio, el ministro Sebastián debería explicar a los consumidores qué motivaciones le han movido a cambiar la facturación eléctrica de bimestral a mensual, "cuando ni las compañías eléctricas, ni evidentemente los consumidores se benefician de dicho cambio".
En concreto, este RDL de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones fue la respuesta normativa del Ministerio de Industria al gran número de reclamaciones formuladas por los consumidores a raíz del nuevo sistema de facturación del suministro de energía eléctrica, que pasó de tener facturación bimestral a mensual.
Dicho Real Decreto hablaba de la creación "de inmediato" de una oficina de protección al consumidor. Dado que el RDL entró en vigor el día 25 de febrero y que el Ministerio tenía prevista su apertura en el mes de julio, la Comunidad consideraba que con la "avalancha de reclamaciones" la oficina, al final, no serviría para nada.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
En esta dirección, el Gobierno regional presentó un recurso de inconstitucionalidad al considerar que los términos invocados en el Real Decreto, donde se tildaba de urgente la creación de dicha oficina, no justificaban esto.
"El Ministerio de Industria se amparaba en la situación económica, en los efectos del proceso de liberalización del sector energético, y en la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso para hacer uso de la facultad legislativa excepcional de dictar Decretos leyes", señalan desde la Comunidad.
Sin embargo, el Gobierno regional consideró que ninguno de estos motivos justifica dicha urgencia, ya que la normativa estatal reguladora del Suministro de Último Recurso todavía no ha sido desarrollada y se pretende justificar la creación de esta Oficina para solucionar los posibles problemas que se puedan derivar de la entrada en vigor de una normativa inexistente hasta el momento.
"La creación por parte del Gobierno central de esta Oficina de Atención al Consumidor supondría además una vulneración de las competencias autonómicas en materia de consumo", concluyen, al tiempo que destacan que dicha oficina podría constituir una injerencia en las competencias de protección al consumidor, transferidas a las comunidades autónomas.
EXPLICACIONES A CONSUMO
Así, la Comunidad de Madrid llevará a la reunión de las comunidades autónomas con el Instituto Nacional de Consumo que se celebrará el próximo 5 de junio las cuestiones que están afectando a los consumidores y que ya han provocado una avalancha de cerca de 10.000 reclamaciones.
En este sentido, se ha pedido la inclusión en el orden del día conocer el contenido de las reuniones entre el Instituto Nacional de Consumo (Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales) con el Ministerio de Industria para velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en el sistema de facturación del recibo de la luz.
Además, se pedirá conocer en qué plazo se va a dar cumplimiento a la PNLP aprobada por el Congreso de los Diputados, con los votos socialistas, en la que se pedía la facturación bimestral. También se solicitará el informe jurídico a los respectivos Ministerios relativo a la legalidad del cobro de un recibo sobre la base del consumo estimado ya que ello podría vulnerar los derechos de los consumidores.
