La Comunidad defiende el cambio de gestión en albergues juveniles: no alterará su carácter "social" ni sus actividades

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha defendido el cambio de modelo en la gestión de los albergues juveniles, que no alterará su finalidad educativa y social y que estarán orientados a llevar a cabo actividades culturales, deportivas, ambientales y de ocio.

Lo ha trasladado esta semana la directora general de Juventud, Laura Castilla, en la comisión del ramo que se ha celebrado en la Asamblea, donde ha insistido en que este cambio "no implicará en ningún caso la pérdida de empleo público", sino que permitirá una gestión "más profesionalizada, flexible y adaptada a las necesidades reales y pensada para entidades jóvenes y familias".

Hace unos días, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, confirmaba que se utilizará la colaboración público-privada para la gestión de los albergues juveniles. "La titularidad será pública, seguirá en manos de la Administración", defendió.

Y es que, en las ultimas semanas, los sindicatos CC.OO, UGT, CSIF y CSIT habían puesto el foco en la "privatización" que iba a realizar la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud de la Comunidad de Madrid, que lidera Ana Dávila, con estos espacios.

Tal y como detallaron fuentes del Gobierno regional a Europa Press, se va a licitar la gestión de los cuatro albergues juveniles situados en Cercedilla, San Lorenzo de El Escorial y Rascafría para que los gestionen entidades especializadas del sector del ocio educativo y la hostelería. El cambio se debe a que la gestión directa presentaba "dificultades para su funcionamiento", con un "elevado" número de bajas y vacantes.

"QUEREMOS HACE LA TRANSICIÓN LO MEJOR POSIBLE"

La Dirección General de la Juventud ya ha convocado al Comité de Empresa y a la Junta de Personal de la Consejería para informar sobre la publicación del contrato en la concesión del servicio de explotación y gestión de los cuatro albergues.

"Queremos hacer de la mano de los sindicatos esta transición lo mejor posible, fijando de mutuo acuerdo los criterios para este traslado", ha defendido Castilla en la comisión, donde ha recordado que se ha invertido más de 3 millones de euros en los últimos cuatro años para "mejorar y conservar" estos espacios.

Asimismo, ha recalcado que este servicio no solo se ofrece a jóvenes, sino a entidades y familias, por lo que quieren encontrar "mejores y más eficaces fórmulas" de gestión para garantizar su "viabilidad futura". Ha añadido que las actividades que se llevan a cabo en los albergues "se van a mantener".

SINDICATOS ALERTAN DE REUBICACIÓN DEL PERSONAL

UGT ha manifestado su rechazo y ha remarcado que los albergues "tienen muchas actividades destinadas a personas con un alto grado de discapacidad, no quedando constancia en este momento de lo que sucederá con estas actividades".

Por todo ello, ha exigido la paralización del proceso al considerar que "no tiene ninguna justificación". "De no ser así, UGT iniciará un proceso de movilizaciones contra la privatización de la Red de Albergues Juveniles, a la par que acudirá a todas las instancias que estime oportunas en defensa de este Servicio Público", ha alertado.

En esta línea, CC.OO sostiene que esta privatización, "maquillada" bajo el término de gestión indirecta, no responde "a criterios de eficiencia económica y supondrá un mayor coste para las arcas públicas".

"La medida forzará la reubicación de todo el personal empleado público afectado hacia otros servicios de la Comunidad de Madrid, al tiempo que se inicia el proceso de licitación para las empresas privadas beneficiarias", ha señalado.

Asimismo, CSIF ha advertido de que la posible externalización de la totalidad de la red pública de albergues juveniles "supone un nuevo paso en la progresiva externalización de servicios públicos". Cree que puede convertirse en "un precedente para otros centros, recursos y servicios de la Consejería".

"Si existen necesidades organizativas, problemas de mantenimiento, falta de personal o necesidades de modernización, la respuesta de la Administración debe ser reforzar los recursos públicos y no sustituir la gestión directa por fórmulas externas. Detrás de estos centros existen profesionales que durante años han garantizado el funcionamiento de la red pública de albergues juveniles y que merecen certezas, información y garantías", ha recalcado.

ESPACIOS UTILIZADOS POR JÓVENES

En este sentido, CSIT ha recordado que estos albergues "no son simples establecimientos de alojamiento ni pueden analizarse únicamente bajo criterios propios del sector turístico u hostelero". Ha defendido que son espacios utilizados por jóvenes, centros educativos, asociaciones, entidades sociales, familias y colectivos que "necesitan instalaciones públicas, accesibles y orientadas al interés general para desarrollar actividades".

"La falta de medios humanos suficientes, la existencia de vacantes, bajas sin cubrir y carencias organizativas que deben resolverse reforzando el servicio público, no sustituyéndolo por gestión externa ni desplazando la gestión hacia entidades privadas o externas", ha remarcado.