La Comunidad formaliza la extinción del polémico instituto de la URJC en el que cursó su máster Cristina Cifuentes

Rueda de prensa de Cristina Cifuentes
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 26/02/2019 14:16:43CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad ha formalizado la extinción del polémico Instituto de Derecho Público (IDP), adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde cursó su máster la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que ya fue cerrado por la propia universidad a principios de curso.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico para detallar este trámite administrativo que completa la extinción de este órgano que estaba adscrito a la URJC y que dirigió el catedrático Enrique Álvarez Conde, investigado en el caso máster.

Precisamente este martes, la Fiscalía de Madrid solicita tres años y tres meses de prisión para la expresidenta por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado 'caso máster'.

El Consejo de Gobierno de la universidad aprobó en septiembre por unanimidad el cierre administrativo del IDP, que impartió los polémicos másteres cursados por Cifuentes y la exministra Carmen Montón.

Tras el cierre económico y académico, esto suponía la extinción definitiva del instituto. Para ello, el delegado del rector para el IDP presentó una rendición de cuentas del instituto, que ahora ya tiene el visto bueno de la Comunidad de Madrid.

Cuando estalló el caso máster, la universidad acordó extinguir el instituto que dirigía Conde, considerado por la juez Carmen Rodríguez Medel como 'el urdidor' del presunto sistema fraudulento que llevaba este centro de estudios objeto de investigación judicial.

La juez de Instrucción número 34 de Madrid acordó investigar a Conde por un delito de malversación de caudales públicos relativo a este instituto.

El pasado mayo, el rector de la URJC, Javier Ramos, interpuso una denuncia en los juzgados de Instrucción por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público.

Lo decidió tras las "graves irregularidades económicas" detectadas en la gestión de este ente y que se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz del caso.

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