Archivo - Unas llaves sobre un contrato de compraventa de vivienda y un contrato de arrendamiento (alquiler) de una habitación en una vivienda compartida. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha incoado desde 2023 un total de 19 expedientes sancionadores por prácticas abusivas en materia de alquiler como cobros indebidos, imposición de prestaciones accesorias no solicitadas, cláusulas y obstrucción a la inspección con un volumen económico que supera los 380.000 euros.
Así lo ha detallado la directora general de Comercio, Consumo y Servicios, Marta Nieto Novo, en la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de Más Madrid sobre la protección de los consumidores ante posibles abusos en el mercado del alquiler de vivienda.
Nieto ha reivindicado que desde el Ejecutivo regional se están realizando campañas específicas para comprobar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas de intermediación inmobiliaria.
Por esta labor han detectado casos en los que gastos que correspondían al arrendador se repercutían al inquilino bajo otras denominaciones como "servicios de asesoramiento o coaching inmobiliario, pese a presentarse como condición necesaria para acceder al alquiler".
Asimismo, ha sacado pecho de haber reforzado la información del Portal del Consumidor de la Comunidad, que incorpora una actualización de la información sobre alquiler de viviendas, de duración y prórroga de contratos, actualización de renta, fianzas, garantías, gastos de gestión inmobiliaria.
También se informa expresamente que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden al arrendador y no pueden trasladarse directamente al inquilino. "Esa información se ha actualizado incluso teniendo en cuenta la complejísima situación normativa creada por los recientes reales decretos leyes estatales". ha lanzado.
Además, ha añadido, este 2026 han recibido cerca de 700 consultas en materia de vivienda, de las cuales alrededor de un 60%, 380, corresponden precisamente a arrendamientos.
Por contra, la diputada de Más Madrid Paz Serra ha censurado la oposición de la Comunidad a la Ley de Vivienda y las medidas que plantea --como, el tope de alquileres-- y ha indicado que en materia de consumo debería "hacer valer los derechos" de los para que no tengan que "ir a un reguero de causas tribunal a tribunal".
"Ojalá hubiera una campaña de información que de verdad estuviera llegando a la gente, porque si solo se han producido 700 consultas en materia de vivienda con empresas arrendadoras en 2026, algo estamos haciendo mal", ha rematado.
