La Comunidad inicia trámites de revisión del modelo de financiación, sin descartar un recurso de inconstitucionalidad

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, anunció hoy que el Gobierno regional ya ha iniciado los trámites necesarios para la revisión del nuevo modelo de financiación autonómica del Ejecutivo central, sin descartar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al atentar, según él, el sistema que recoge la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA) contra el Principio de Equidad y Solidaridad.

Beteta asistió este mediodía a la Comisión Mixta de Transferencias para defender a la Comunidad de Madrid. En el encuentro, planteó al Estado que se abone 14.783 millones de euros de la deuda contraída con la región por la no actualización de la población en el nuevo modelo de financiación autonómica y el pago del servicio que han prestado las entidades colaboradoras en Sanidad.

Según el consejero, la Administración central entiende que estas cantidades "no son susceptibles de ser reclamadas, con excepción de 200 millones de euros de una sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno". El Supremo dio la razón a Madrid en la reclamación que presentó en diciembre de 2004 por los gastos que se le adeudaban como consecuencia de la prestación de la asistencia sanitaria a sus trabajadores.

En la reunión, Beteta puso de manifiesto que el nuevo modelo es "discriminatorio" para la Comunidad y criticó que, si se hubiera tenido en cuenta la población real de Madrid "se habrían aportado 600 millones más que la cantidad que se estima que pueden ser los recursos".

MODELO "INJUSTO" Y "PERJUDICIAL"

Además, recalcó que por "responsabilidad" se han visto obligados a aceptar el nuevo modelo, pero insistió en que se hizo a "regañadientes" al estimar que se trata de un modelo "injusto" y "perjudicial" porque atenta contra el principio de equidad y el de solidaridad.

Por ello, avanzó que desde este momento se inician los trámites de revisión de este modelo. Sobre la posibilidad de que se interponga un recurso de inconstitucionalidad, recalcó que se reservan "las acciones" que estén en sus manos para "actuar con el resto de comunidades que hayan sido gravemente afectadas" por este sistema.

De este modo, se comunicará a la Dirección Nacional del PP estas acciones para que el portavoz económico, Cristóbal Montoro, decida las acciones de carácter jurídico a emprender para impugnar el modelo. De igual modo, instó al Ejecutivo central a revisarlo por perjudicar "no sólo a los madrileños, sino a los españoles".

"Yo pago impuestos. Por ello, exijo a la Administración que me preste la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales acorde con los impuestos. Los recursos adicionales de mis impuestos tengo derecho a que me los den", se quejó. "Los madrileños somos los que más impuestos pagamos, pero el Estado, en lugar de apoyar a madrileños, utiliza un sistema injusto que nos perjudica", añadió.

ACTUACIONES LEGISLATIVAS

En el encuentro, Beteta pidió al Estado el dinero que se debe a Madrid por la minoración de los ingresos de la región por las actuaciones legislativas de Estado en materia tributaria desde 2002 y las nuevas obligaciones de gasto como consecuencia de las modificaciones normativas adoptadas por el Gobierno de la Nación.

El responsable regional de Economía hizo esta última reclamación el pasado 14 de diciembre ante la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, solicitud que la Comunidad de Madrid cuantifica en 2.710 millones de euros.

Según informó el Ejecutivo autonómico, esta cantidad se suma a los 2.873 millones de euros que la Administración madrileña solicita como compensación por la minoración de los ingresos por las actuaciones tributarias del Estado, en aplicación del principio de lealtad institucional que recoge la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA).

CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

En este sentido, la Comunidad de Madrid recordó que el Estado suscribió el pasado mes de octubre un acuerdo con Aragón por el que esta región será compensada con 500 millones de euros "en concepto de las mermas recaudatorias ocasionadas por la política fiscal del Estado", esto es, por la repercusión que sobre las cuentas aragonesas hayan podido tener las bajadas de los impuestos cedidos.

Desde el Ejecutivo regional se entiende que el reconocimiento del derecho a favor de una sola comunidad autónoma quebraría el principio de igualdad entre regiones consagrado en la Constitución, que establece que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".

Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendió el pasado 1 de diciembre en el Congreso el incluir en la LOFCA el término equidad con la intención de que este principio primase a la hora de repartir los fondos entre las diferentes comunidades autónomas.

"ZAPATERO FAVORECE A LAS COMUNIDADES DEL PSOE"

El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre denuncia desde hace tiempo que desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa no se ha invertido "ni un solo euro" en obra pública nueva en la región y las inversiones del Estado en Madrid han disminuido.

Por este motivo, entienden que el jefe del Ejecutivo central "ha favorecido financieramente a las regiones gobernadas por el PSOE frente a los territorios en los que gobierna el Partido Popular". "Estas actuaciones partidistas constituyen una ruptura del principio de lealtad entre instituciones y perjudican a los ciudadanos", consideran.

"En el caso de Madrid, la lista de agravios infligidos por el Estado supera los 9.000 millones de euros que Zapatero debe a los madrileños, a los que ahora se añaden los más de 5.500 millones de euros por los dos recursos antes citados", explica.

REGIÓN MÁS SOLIDARIA

En sus últimas intervenciones en materia económica, Aguirre siempre ha destacado que Madrid "es la región más solidaria y la que aporta más recursos desde hace muchos años" algo que, según defiende, hace posible que el resto de regiones puedan prestar los servicios públicos y que el Gobierno de la Nación pueda acometer inversiones en las mismas.

Para la dirigente regional es "profundamente injusto" que la financiación per cápita de Madrid se encuentre por debajo de la media nacional. De esta manera, y de acuerdo con los datos que se han hecho públicos, por cada euro de financiación adicional que recibe un ciudadano de Madrid, se otorgan dos euros a un catalán.

"A esto se suma la discriminación a la que ha sometido el Gobierno de Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid desde 2004, donde la inversión ha caído un 28 por ciento, frente a una subida medida en el resto de las regiones del 40 por ciento. El año 2010 será el sexto consecutivo en el que no existe inversión alguna en obra nueva en la región por parte del Estado", recordaron desde el Ejecutivo madrileño.

Según los cálculos del Gobierno de Aguirre, el montante de los fondos perdidos en inversión en el período 2005-2008 en la Comunidad de Madrid asciende a 5.236 millones de euros.

Por último, la Comunidad reclama al Gobierno de la Nación 3.129 millones de euros por reconocimiento de la población real en el período 2002-2008, a los que hay que sumar otros 211 millones por la menor aportación al programa de dependencia en 2008 y 2009; y los 256 millones en cumplimiento del Contrato programa 2007/2009 del Consorcio de Transportes.