La Comunidad de Madrid recibió cerca de 2.800 órdenes de protección a maltratadas en los ocho primeros meses del año

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

En los primeros ocho meses del año, la Comunidad de Madrid recibió 2.790 órdenes de protección a mujeres víctimas de malos tratos, cuyos expedientes que fueron derivados a los Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género o a los servicios sociales de ayuntamientos o mancomunidades, informó hoy el Gobierno regional.

Mientras, el año pasado, el Punto de Coordinación habilitado por esta comunidad autónoma para esta materia, ubicado en la Dirección General de la Mujer, registró la entrada de 3.456 órdenes de protección.

El Punto de Coordinación, establecido, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de 2003, es una unidad administrativa a la que los juzgados deben remitir las órdenes de protección de las víctimas de violencia doméstica de la región. Los expedientes van acompañados de las correspondientes solicitudes, lo que permite encauzar las medidas administrativas acordadas y aquellas otras que procedan en función de la situación de la mujer y de sus hijos, realizándose el seguimiento, la coordinación y evaluación de las mismas.

Una vez recibida la orden judicial, se informa y orienta a las víctimas del procedimiento de solicitud y acceso a los recursos disponibles, derivándose a continuación el expediente a los organismos administrativos competentes, que son los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género o Servicios Sociales de Atención Primaria, la red de atención en Salud Mental e Intervención Psicosocial para mujeres y menores a su cargo que sufren Violencia de Género, y el Punto de Atención a colectivos específicos de mujeres dependiente del Observatorio Regional de la Violencia de Género para la orientación e intermediación laboral.

Además, se derivan a los centros residenciales dependientes de la Consejería de Empleo y Mujer y al INEM, donde se tramita la renta activa de inserción. Posteriormente se realiza un seguimiento de las actuaciones administrativas acordadas de las derivaciones realizadas, así como las relativas a las medidas de seguridad y protección, y a la asistencia jurídica.