MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), desarrollará a partir de septiembre unas 3.000 acciones formativas dirigidas los empleados públicos para mejorar la atención a las personas con discapacidad y fomentar la igualdad de género.
A este respecto, el director general de Función Pública, Miguel Ángel López, explicó hoy que la finalidad de este programa de formación es "mejorar la prestación de servicios públicos, especialmente cuando aparecen nuevas demandas sociales".
Asimismo, indicó que los cursos que se impartirán hasta diciembre tratarán temas como el lenguaje de signos, la igualdad de géneros, información y comunicación a personas con discapacidad intelectual, ética pública, buenas prácticas de atención al ciudadano, maltrato infantil y evaluación de los solicitantes de la adopción internacional, entre otros.
PRINCIPALES NOVEDADES
Como principales novedades con respecto a los ciclos impartidos el trimestre anterior, López destacó la formación puntual para formar a los empleados públicos en cuanto surge una nueva demanda social, la instauración de "IMAP Foro Abierto" y la formación a distancia. De las veinte actuaciones formativas previstas, siete serán cursos convencionales y trece serán foros abiertos que son "puntos de encuentro para el debate de distintos intereses colectivos".
Asimismo, se potenciará la formación a distancia para paliar los problemas de desplazamiento y la posible merma en el servicio público por la ausencia de los asistentes al curso. López indicó que las acciones formativas se desarrollaban por la tarde lo que provocaba --dijo-- "una exclusión detectada estadísticamente de un colectivo importante en la Administración autonómica, que constituye un 60 por ciento de los empleados públicos: las mujeres". Por este motivo, también se fomentarán los cursos en los centros de trabajo.
AUTOEVALUACIÓN
Además de implantar cursos a medida para las nuevas demandas sociales, el programa de formación será evaluado continuamente por el alumnado y por el propio servicio público. De esta manera, los empleados que asisten a los cursos valoran la enseñanza y los centros muestran la incidencia en la prestación de servicio público "valorada por la Dirección General de Calidad de los servicios, por medio de unos indicadores".
Durante el 2006, unos 50.000 empleados públicos podrán participar en las cerca de 70.000 horas lectivas que constituyen este programa, es decir, que "un 50 por ciento de los empleados van a recibir acciones formativas a lo largo del año".
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