La Comunidad prepara una nueva Ley del Suelo con menos trámites, planes más rápidos y mayor flexibilidad

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado esta semana el anteproyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), el nuevo marco normativo urbanístico con el que el Ejecutivo autonómico busca dar un vuelco al urbanismo regional y dejar atrás un modelo aprobado a comienzos de los 2000 y que consideran alejado de la realidad actual.

El anteproyecto, actualmente en tramitación, busca sustituir un sistema que puede alargar durante más de una década la aprobación de desarrollos urbanísticos, según defendió el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, en la última comisión del ramo celebrada esta semana en la Asamblea de Madrid.

Para la Comunidad de Madrid es necesario adaptar la normativa a una región en crecimiento y en la que el contexto "no tiene nada que ver" desde el momento en el que se diseña un planeamiento urbano hasta el momento de su ejecución. La reforma busca precisamente acelerar y simplificar el crecimiento urbano a través de la unificación de procedimientos y eliminando duplicidades.

Uno de los cambos clave será la introducción de herramientas más ágiles, como los planes ejecutivos, que permitirán concentrar en un solo proceso fases que actualmente se tramitan por separado. A esta simplificación se le suma la homogenización de los plazos de los informes sectoriales, que actualmente generan un cuello de botella en el sistema.

REORGANIZACIÓN DEL SUELO

Otro de los pilares de la futura ley será la reorganización del suelo. El Gobierno regional propone una clasificación más sencilla, basada en tres grandes categorías --suelo urbano, suelo rural protegido y suelo rural no protegido-- con lo que busca evitar que grandes bolsas de terreno queduen bloqueadas durante años.

Además, el anteproyecto apuesta por una mayor flexibilidad en los usos del suelo, con el objetivo de facilitar la adaptación a nuevas necesidades económicas y sociales sin tener que modificar continuamente el planeamiento general.

La norma llega en un contexto marcado por el crecimiento demográfico de la regíón, que avanza hacia los 7 millones de habitantes, y por la presión sobre el mercado de la vivienda. En este sentido, la Comunidad busca agilizar trámites y activar suelo para incrementar la oferta y responder a la demanda.

Entre las medidas incluidas figuran también la regeneración de barrios degradados mediante actuaciones más amplias, la regularización de urbanizaciones en situación irregular y la adaptación de la normativa a la realidad de los municipios más pequeños, con herramientas específicas para facilitar su desarrollo.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La ley refuerza igualmente la colaboración público-privada en la gestión urbanística y busca, según el Ejecutivo, mejorar la seguridad jurídica en un ámbito marcado por la complejidad normativa y la judicialización. En este punto, el viceconsejero subrayó que uno de los objetivos es "evitar la especulación y la protección del suelo como un bien finito".

Más allá de los aspectos técnicos, el Gobierno regional plantea la norma como una herramienta para planificar el crecimiento a largo plazo, con una visión "integral" del territorio que integre infraestructuras, medio ambiente y desarrollo urbano de forma "transversal".

El viceconsejero también incidió en que el crecimiento no es incompatible con la protección ambiental y que el modelo que persigue la Comunidad pasa por mantener un "equilibrio" entre ambos elementos, en una región donde más del 50% del territorio cuenta con algún tipo de protección.