Actualizado 07/02/2017 14:22 CET

Comunidad retira su anteproyecto de ley de igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio

Ángel Garrido
COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha retirado su anteproyecto de ley de igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio en aras a llegar a algún acuerdo con el resto de grupos en torno a un texto consensuado.

Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que retiran el anteproyecto de ley sobre la igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio, la discriminación y la intolerancia en la Comunidad de Madrid como, ha asegurado, va a hacerlo el Grupo Socialista.

Garrido ha explicado que esta retirada se debe a que en la Asamblea de Madrid hay dos proyectos sobre el mismo tema (otro parecido del PSOE) que se están debatiendo al mismo tiempo y ha explicado que intentarán llegar a un acuerdo con el resto de grupos ya que la tramitación simultánea de ambos proyectos "no tiene demasiado sentido".

CRÍTICAS DE PLATAFORMAS CIVILES

El anteproyecto fue muy criticado por asociaciones civiles y periodísticas, como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) porque preveía multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales que la Administración regional llegue a considerar que son insultos. La calificaron de "Ley Mordaza de Cifuentes" y "aberración jurídica, de difícil encaje en nuestro ordenamiento legal".

La PDLI consideraba "gravísimo" que un Gobierno "traslade al ámbito administrativo lo que es materia de derecho penal", según señala su director legal, Carlos Sánchez Almeida. Y añade "los problemas que pretende sancionar Cifuentes por vía administrativa están ya regulados en el artículo 510 del Código Penal".

La plataforma aseguraba el proyecto "una amenaza para la libertad de expresión, cuyo único límite debería ser la comisión de un delito y previa resolución judicial, nunca administrativa". Y denunciaba que un Gobierno regional pretendiera "limitar un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, con una ley regional y no estatal, y sin las garantías de una Ley Orgánica".

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