Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo
MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad de Madrid seguirá defendiendo su intención de ejercer la acción popular en determinados procedimientos y ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) al respecto es "un puro trámite".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se ha referido a la admisión a trámite por parte del Pleno del Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la Ley 1/2026, de 15 de abril, por la que se habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en determinados ámbitos.
El consejero ha insistido en que la Comunidad ya ejerce como acusación popular en casos de violencia contra la mujer y ahora quería hacerlo también "contra pirómanos que provocan fuegos en los bosques", aquellos que atentan contra el patrimonio o que causan incidentes como los de La Vuelta.
"Tendrá que explicar el señor Sánchez por qué no quiere que las comunidades autónomas protejamos a las mujeres o por qué no quiere que las comunidades autónomas podamos proteger el patrimonio natural o también el patrimonio histórico-artístico que es lo que habilita esa ley. En cualquier caso la admisión a trámite es un acto de puro trámite", ha indicado.
Así, García Martín ha subrayado que seguirán defendiendo tener esta posibilidad y ha incidido en que "son muchas las comunidades autónomas" que tienen también esta habilitación, si bien ha señalado que a Sánchez no le gusta la acusación popular porque tiene "un entorno muy comprometido" con investigaciones que han salido precisamente de esa manera, como la que hay hacia su mujer, Begoña Gómez.
La admisión a trámite del recurso no supone un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, que deberá ser resuelta por el Pleno del Tribunal Constitucional.