MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresas Constructoras del Ámbito Nacional (SEOPAN) ha remitido una carta al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, en la que trasladan las quejas de empresas concesionarias de siete de los nuevos hospitales de la región, que advierten de un posible "colapso" si el Ejecutivo autonómico no resuelve unas "cuestiones" y abona cerca de 80 millones de euros.
En una misiva a la que ha tenido acceso Europa Press --que está fechada el 13 de abril de 2011, entró en el Registro de Consejería de Sanidad el 15 de abril y está firmada por David Taguas--, las empresas concesionarias del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Infanta Sofía, del Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Sureste y del Tajo exponen algunos "problemas" que han tenido con el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
Entre otros, citan los cambios en el nuevo Plan Sectorial de Contabilidad que requieren "reequilibrar los planes económico financieros" y "adaptarlos al nuevo sistema contable", o el abono de varios millones de euros debido a los cambios que se han llevado a cabo y no están contemplados en los contratos firmados en origen.
El secretario general del PSM y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, sacó ayer a relucir durante el debate en Telemadrid esta carta en la que los empresarios señalan que "la no resolución en plazo" de estas cuestiones les ha llevado a interponer al menos "20 recursos contencioso administrativos" contra la Administración sin que esta cuestión "haya mermado un ápice el grado de cumplimiento de sus obligaciones contractuales a pesar de la caída de la rentabilidad sufrida por las compañías".
Además, apuntan que la "falta de resolución en plazo de la Administración obliga a realizar provisiones en los balances de los estados contables", asunto "cada vez más cuestionado por auditores y financiadores" debido al "mayor grado de exigencia que ambos agentes demandan en los ratios y parámetros de los contratos de financiación".
"De no resolverse tal situación, podría implicar la ruptura de los financiadores y el consecuente colapso de las concesiones", advierten y por ello reclaman una reunión "urgente" con la Comunidad.
En la carta, los empresarios señalan en primer lugar que el nuevo Plan Sectorial de Contabilidad genera una "modificación contable" que "causa un desequilibrio económico" en los siete contratos de las concesiones, por lo que reclaman "restablecer el equilibrio económico" de los contratos para que se vuelva a situar la Tasa Interna de Retorno (TIR) para el accionista en los términos de la oferta adjudicataria y se pueda seguir haciendo frente a los compromisos adquiridos con los bancos".
Su TIR antes de la entrada en vigor del nuevo Plan Contable era de 11,22 por ciento cuando ahora es del 7,61 por ciento, concreta la misiva.
En segundo lugar, los empresarios se centran en las modificaciones reclamadas por el Ejecutivo regional y no contemplados en el proyecto inicial de los hospitales, que "han provocado un aumento de inversión inicialmente contratada".
"Hay, a la fecha actual, inversiones realizadas por las siete compañías concesionarias pendientes de reconocimiento de la administración por importe igual a 59 millones de euros", expone la misiva.
Asimismo, dice que está "pendiente de reconocimiento y aprobación por parte de la Administración el reconocimiento e incorporación en el canon del incremento de los costes de los servicios derivados de los incrementos de inversión realizados, tanto de los reconocidos por la propia administración como de los no reconocidos", por importe de 1,5 millones al año.
También reclaman que se abonen 21 millones de euros por "inversiones adicionales requeridas por la Administración durante la fase de explotación, no reconocidas y pendientes de aprobación", y otros 3 millones de euros al año por el "incremento del coste anual de los servicios derivados del incremento de la inversión no reconocida por la Administración, no reconocido y pendiente de aprobación".
En este punto, también piden 1,7 millones al año por el "incremento del coste anual de los servicios" causado por el "incremento de actividad y cambios en planes de viabilidad".
En cuarto lugar, dicen que desde el inicio se ha considerado para la prestación de los servicios de los hospitales la aplicación del tipo general impositivo del IVA (del 16 por ciento), modificado con posterioridad al 18 por ciento, y relatan que, posteriormente, el Ministerio de Hacienda estableció que estos servicios se deberían aplicar facturando el "tipo de gravamen reducido del 7 por ciento" (ahora 8 por ciento) y no el general.
Las concesionarias reclaman por tanto la devolución de esos "ingresos indebidos por las cantidades repercutidas e ingresadas en exceso".
No obstante, consideran que en algunos de los servicios prestados "es coherente y aplicable" la doctrina del Ministerio, pero no están de acuerdo "en la base imponible sobre la que debe repercutirse la cuota del IVA al tipo de gravamen reducido" y, por lo tanto, tampoco en cómo deben emitirse las facturas.
El último de los puntos dice que "el incremento de actividad" en los servicios de restauración y esterilización respecto a lo previsto en los contratos de los siete nuevos hospitales conlleva el reconocimiento y aprobación de un mayor coste, que en términos agregados supera los 3 millones de euros al año".