MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno aprobó hoy destinar tres millones de euros a aquellas entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la región dedicadas a la integración laboral de personas que están consideradas como más vulnerables en el mercado laboral, anunció hoy el portavoz del Gobierno regional y vicepresidente primero, José Ignacio González.
El acuerdo, que se extiende a 2007, establece que cada entidad beneficiaria de estas ayudas puede tener como máximo tres Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL) y percibir hasta 100.000 euros por cada uno de ellos.
Entre febrero y octubre de este años se han celebrado convenios con 18 entidades, que cuentan con 24 centros, por un importe superior a 1,5 millones de euros, según explicó González, y señaló que estas ayudas sirven para financiar los gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de estas entidades.
Las actuaciones en materia de intermediación laboral se desarrollarán en los centros denominados CAIL, que colaboran con el Servicio Regional de Empleo. El objetivo de la intermediación laboral es promover la incorporación de los desempleados al mercado laboral mediante un sistema de información, asesoramiento y asistencia técnica dirigido a personas demandantes de empleo y empresas ofertantes.
Se consideran demandantes de empleo las personas desempleadas mayores de 16 años, que estén inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, cuya demanda se encuentre vigente, siempre y cuando puedan acreditarlo.
Las actuaciones de intermediación laboral de los CAIL se llevan acabo mediante dos vertientes, una con las empresas, ya que captan ofertas de empleo identificado y analizan los puestos a cubrir y el perfil solicitado, y la segunda con personas desempleadas, al identificar a los candidatos que se necesitan para cubrir los puestos de trabajo solicitados por las empresas y comprobar que se adaptan a cada uno de los solicitantes.
Para poder acceder a estas ayudas, los CAIL tienen que atender a personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión; estar su sede en la Comunidad; tener personalidad jurídica propia; estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y disponer de capacidad técnica, organizativa y de gestión suficiente para la ejecución de las acciones de intermediación laboral.