Los controladores pactan una reducción de la multa de hasta 21.000 euros y una suspensión de cinco meses

Actualizado 14/01/2020 13:20:53 CET
Exportavoz de USCA César Cabo
Exportavoz de USCA César Cabo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 119 controladores que han pactado con la Fiscalía de Madrid en el macrojuicio que arranca mañana en Madrid por el caos aéreo de diciembre de 2010 tendrán una reducción de la multa de hasta 21.000 euros y una suspensión de empleo durante cinco meses, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El macrojuicio arranca este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 18 con 133 acusados y un principio de acuerdo de la mayor parte de los acusados de un delito de abandono de servicio público por paralizar la actividad aeronáutica.

El acuerdo no varía la calificación jurídica de los hechos de un delito de abandono del servicio público pero sí contempla una reducción de las multas a imponer por la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño ante el pago de 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

La acusación particular que ejerce el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que representa a 12.500 afectados, respalda el acuerdo alcanzado con los acusados tras diez años desde que se produjera la huelga.

"La Justicia ha sido lenta y queremos que esto no vuelva a ocurrir porque afectó a la marca España y se dio una imagen nefasta de nuestro país", asegura a Europa Press el abogado de los afectados.

El caos aéreo afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, con colectivos de afectados que iniciaron acciones legales.

El fiscal pedía en su escrito de acusación multas de entre 75.000 y 60.000 euros. En el caso de seis representantes sindicales se ha pactado ahora una multa de 150 euros diarios a razón de siete meses (31.500) y suspensión de empleo durante cinco meses. El acuerdo de los controladores quedaría en una multa de 100 euros a razón también de siete meses (21.000) y con la misma suspensión de empleo.

En concepto de responsabilidad civil, los controladores habrían pagado ya 20 millones de euros, según han indicado a Europa Press las mismas fuentes.

Entre los acusados que no han pactado figura el que fuera portavoz del sindicato mayoritario USCA César Cabo, que se enfrenta a una multa de 75.000 euros.

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".

También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado.

CIERRE DEL ESPACIO AÉREO

El escrito de acusación señala que "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados de sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte, que obligó a decretar 443 cancelaciones de vuelos programados para el día 3 de diciembre de 2010 y 909 de otros tantos vuelos programados para el día 4 de diciembre.

"Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación", según el fiscal.

De hecho, los vuelos que se vieron afectados fueron "no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros vuelos que partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC (centro de control de ruta) de Madrid".

CIERRE DEL ESPACIO AÉREO

Según la Fiscalía, entre las 17.00 horas y las 17.15 horas del pasado 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó ante el responsable de la sala un documento "escrito de su puño y letra" en el que cada uno "a su manera" alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo.

En la práctica, la dirección de Aena estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador. El hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 controladores de 62 programados y casi de manera simultánea), obligó a la Dirección Regional Centro-Norte de Aena a la reducción progresiva de la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo.

Así, al comienzo del turno de noche en el Centro de control, tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados. La mayoría de estos controladores, tal y como relata la Fiscalía, estaban reunidos en una asamblea convocada por la Dirección de USCA, sindicato mayoritario de controladores aéreos.

El 4 de diciembre ocurrió algo parecido. De los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, sólo lo hicieron 19 y de ellos una docena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores "con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal" alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función de controlador.

Este tipo de acciones se hicieron, a juicio de la Fiscalía, teniendo los acusados constancia de la situación "límite" en que ponían a Aena "y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno".

Es más, hace hincapié en que la Junta Directiva del sindicato USCA, que intervenía en las negociaciones con Aena para el II Convenio laboral del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" y contando con la colaboración esencial de los Delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo del sindicato.

De ahí que en el tema de las indemnizaciones el Ministerio Público reclame 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que bien formaban parte de la Junta Directiva de USCA o bien eran miembros de su comité ejecutivo y deje para el resto una indemnización de 60.000 euros.

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