Los afectados por el cierre aéreo: "Nos usaron como rehenes para una reclamación laboral"

Publicado 14/01/2020 13:43:12CET
Caos aéreo en Barajas
Caos aéreo en Barajas - GETTY - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la agrupación de demandantes afectados por el cierre del espacio aéreo, Elena Fuente, ha celebrado que el juicio contra 133 controladores en Madrid por el caos aéreo de diciembre de 2010 se ponga en marcha mañana tras diez años desde que se produjo el cierre del espacio aéreo, recordando que el colectivo, acusado de abandonar sus funciones, usó a los ciudadanos "como rehenes para una reclamación laboral por un medio que no era legal".

"Tengo clarísimo que estuvimos secuestrados", ha aseverado a Europa Press la afectada, que en su caso estuvo retenida durante dos días en un hotel de la ciudad portuguesa de Faro sin que nadie le comunicara a ella y a su marido lo que estaba sucediendo en Madrid.

Fue una de las 700.000 personas afectadas por el cierre del espacio aéreo, tras el conocido como 'plante' del colectivo, entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010, una situación que llevó al entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a declarar el estado de alarma.

A Elena le pilló la huelga de camino a Fuenteventura, donde iba a disfrutar de unos días junto a su esposo. A poco de llegar, les desviaron a Faro y ahí estuvieron durante dos días. Nada más llegar a Madrid, se dirigió a una comisaría de la Policía Nacional a denunciar que habían estado secuestrados "sin saber nada en el extranjero".

Según la portavoz del colectivo, algunos casos la reacción fue "un berrinche" pero hay "casos muy graves", ha relatado. Tras diez años de lo que hoy es un mal recuerdo, quiere que se condene a los responsables y que no vuelva a ocurrir.

Su caso lo lleva el despacho Cremades Calvo-Sotelo, que representa a un total de 12.500 afectados. Como acusación particular han respaldado el acuerdo entre la Fiscalía de Madrid y 119 de los 133 controladores acusados para una reducción de las multas a imponer tras el pago de 20 millones en concepto de indemnizaciones.

Tras el paso de los años, la presidenta de los damnificados ha echado de menos que alguna administración les apoyara dado que este proceso ha sido "muy largo y costoso". "Ninguna administración se ha puesto nunca en contacto con nosotros", ha lamentado.

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