MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que la Consejería de Justicia no esté supuestamente cubriendo más de 100 puestos de trabajo en la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.
En un comunicado, el sindicato ha considerado que se está ante
"una amortización encubierta de puestos" en los juzgados, lo que a su juicio afecta "claramente al servicio público que se desarrolla en los órganos judiciales afectados".
Por ello, ha remitido un escrito a la Consejería de Justicia en el que se exige que se proceda a "la inmediata cobertura de la totalidad de vacantes existentes en la región y se incluyan todas las existentes en el concurso de traslados que se publicará en 2019, para que puedan ser ocupadas por funcionarios titulares".
"Desde CSIF entendemos que la no cobertura de estas plazas afecta claramente al servicio público que se desarrolla en los órganos judiciales afectados, e influye muy negativamente en las condiciones laborales y en la salud laboral del personal funcionario que actualmente trabaja en estos servicios, que se ve obligado a asumir la carga de trabajo de los puestos sin funcionario que en muchos casos llevan años sin ser cubiertos", han señalado.
En el escrito se reprocha a los responsables de la consejería que "las más de 100 plazas vacantes tampoco se han ofertado de manera sistemática en los últimos concursos de traslados".
"Ello restringe el derecho de los funcionarios de la Administración de Justicia a la movilidad consagrada en nuestro estatuto jurídico, y supone un freno intolerable a que estos puedan buscar destinos que se adapten mejor a su especialización, preferencias profesionales y conciliación de la vida laboral y familiar. Puestos que están incluidos en la plantilla orgánica de la Administración de Justicia y presupuestadas", señala el presidente de CSIF Justicia Madrid, Juan José Carral, en la carta.
Además, CSIF añade en su escrito su denuncia con respecto al tiempo que "tarda" la Consejería de Justicia a la hora de nombrar personal interino, que en ocasiones, según su denuncia, puede llegar a más de dos meses.