Cuatro de cada diez jóvenes que salen del Sistema de Protección está en riesgo de pobreza o exclusión social, según UCM

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada diez jóvenes que salen del Sistema de Protección está en riesgo de pobreza o exclusión social, según el estudio 'Condiciones de vida tras salir del Sistema de Protección en España', realizado por un equipo mixto de profesionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Aldeas Infantiles SOS.

Su investigadora principal es la profesora de la Facultad de Psicología de la UCM, Laura Vallejo-Slocker, que ha analizado datos de las últimas dos décadas y recoge también la voz de jóvenes extutelados.

Según ha indicado la UCM en un comunicado, el estudio revela que en el 59,1% de los casos se consigue "romper la transmisión intergeneracional de la pobreza cuando existen apoyos adecuados".

El dato "más contundente" es que el 40,9% de las personas extuteladas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 24,5% de la población general. "Es el resultado de una transición hacia la vida adulta que, en muchos casos, comienza demasiado pronto y sin la red familiar y económica con la que sí cuentan otros jóvenes", ha destacado la UCM.

Considera que cumplir 18 años no significa "estar preparado para afrontar en solitario una vivienda, un empleo, unos estudios y todas las responsabilidades de la vida adulta". "Para estos jóvenes, la salida del Sistema de Protección debería ser el comienzo de un proceso de acompañamiento, no el final del apoyo", señala Vallejo-Slocker.

En concreto, las personas que salen del Sistema de Protección tienen que emanciparse, de media, 12,4 años antes que el conjunto de la población española. Mientras la edad media de emancipación se situaba en 30,3 años en 2023, estos jóvenes "comienzan a enfrentarse a la independencia desde los 18".

Sin embargo, según han señalado, hacerlo "sin una red de seguridad tiene consecuencias". "La vivienda, el empleo, los estudios y la estabilidad económica se convierten en problemas que deben resolverse prácticamente al mismo tiempo", han advertido, porque, a su juicio, la falta de apoyo familiar puede significar "no tener a quién recurrir para afrontar un alquiler, un periodo de desempleo, una matrícula universitaria o una emergencia económica".

CASI 27.000 PERSONAS NO ESTÁN EN LAS ESTADÍSTICAS PÚBLICAS

El estudio revela además que 26.934 personas menores de 26 años que han pasado por acogimiento residencial "no están contempladas de manera específica en las estadísticas públicas". "Una invisibilidad que dificulta conocer qué ocurre con ellas después de abandonar el sistema y, en consecuencia, diseñar políticas públicas adaptadas a sus necesidades", sostiene la UCM.

Además, la investigación también demuestra que el acompañamiento puede cambiar las trayectorias vitales. En el 59,1% de los casos analizados se ha conseguido "romper la transmisión intergeneracional de la pobreza gracias a los apoyos específicos".

Este dato muestra que haber pasado por el Sistema de Protección "no determina el futuro de una persona" porque cuando existen recursos adecuados, acompañamiento y oportunidades, es posible "alcanzar unas condiciones de vida más estables e integradas".

Por todo ello, la investigación reclama "un cambio en la forma de entender la salida del Sistema de Protección" porque, según reclaman las investigadoras, la preparación debería comenzar, al menos, "dos años antes de la salida con una planificación individualizada que tenga en cuenta la vivienda, la formación, el empleo, la situación económica, las relaciones sociales y el bienestar emocional de cada adolescente".

En este sentido, indican que el acompañamiento "no debería desaparecer al cumplir los 18 años", sino extenderlo, al menos, "hasta los 25 años", garantizando "de forma homogénea en todo el territorio apoyos para afrontar la emancipación y la vida adulta".

LA VIVIENDA OCUPA "UN LUGAR CENTRAL"

Dentro del estudio, la vivienda ocupa "un lugar central". El informe propone medidas como "un banco específico de viviendas, avales de las Administraciones Públicas para facilitar el acceso a la primera vivienda y alquileres asequibles para jóvenes extutelados".

También reclama que estos jóvenes "puedan continuar estudiando si así lo desean". La necesidad de conseguir ingresos puede "obligarles a trabajar en lugar de cursar estudios universitarios o de larga duración, reduciendo sus oportunidades futuras". Por ello, el estudio plantea combinar los programas de inserción laboral con ayudas económicas que permitan acceder a estudios superiores.

Frente a esta realidad, el informe reclama "programas integrales de acompañamiento social, económico, emocional y psicológico, así como el fortalecimiento de las redes comunitarias".

Asimismo, las autoras reclaman transformar el modelo de transición a la vida adulta, es decir, preparar la salida al menos "dos años antes y mantener el acompañamiento hasta los 25 años, en lugar de interrumpirlo al cumplir los 18".

La investigación, que cuantifica esta realidad a escala mundial, se ha llevado por primera vez al Consejo de Europa para "inspirar políticas públicas" y ha sido reconocida por el Relator Especial de la ONU sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos.