David Pérez anuncia negociaciones con la Comunidad para "desbloquear" la residencia Francisco Sánchez

El regidor asegura que paralizará todas las grandes obras "que no tengan beneficio sobre la protección social"

David Pérez
EUROPA PRESS
Europa Press Madrid
Actualizado: jueves, 1 diciembre 2011 17:24

ALCORCÓN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento de la localidad se encuentra en negociaciones con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para "desbloquear" la situación de la residencia de discapacitados 'Francisco Sánchez', cuya construcción concluyó en abril de 2009 y que permanece cerrada por diferencias de criterio entre el Consistorio y el Gobierno regional.

"Estamos manteniendo reuniones con la Consejería de Asuntos Sociales para que se desbloquee y empiece a funcionar la Residencia", ha explicado el regidor durante el acto de apertura de las II Jornadas de Autismo 'Recursos sociales, sanitarios, educativos y asociativos para las personas con TEA (Trastorno de Espectro Autista) en la Comunidad de Madrid'.

Pérez ha destacado durante su intervención que su filosofía "se centra en que las personas son el centro de la política", motivo por el cual el Gobierno local ha decidido "aplazar y paralizar todas las grandes obras que no tengan un beneficio directo sobre la protección social".

"Por eso decidimos aplazar la obra del nuevo edificio municipal, dándole prioridad a la finalización del Centro de Mayores Hermanos Laguna", ha añadido.

El Ayuntamiento de Alcorcón y la Comunidad de Madrid han mantenido en los últimos meses un contencioso sobre a qué administración compete la gestión del centro, motivo por el cual el Gobierno municipal aprobó el pasado día 8 de marzo la concesión de la gestión del mismo a la Fundación García Gil, entidad sin ánimo de lucro, por un periodo de 25 años.

En mayo de 2010, la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid remitió una carta al Ayuntamiento en la que requería la instalación del equipamiento y el mobiliario por parte del Consistorio para la apertura de la residencia, algo que fue rechazado por la Junta de Gobierno Local por entender que era competencia del Ejecutivo autonómico.

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