Acusan a Salvador Victoria y a Lucía Figar de utilizar a los medios para desacreditar a los acusados
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las defensas en el juicio sobre el presunto espionaje a exaltos cargos del PP de Madrid pagado con dinero público han denunciado hoy en la fase inicial del juicio que sus clientes han sido sometidos a "sobornos", "amenazas de políticos", y a un "linchamiento mediático", advirtiendo de que "la organización criminal" que está detrás de este "montaje" sigue "aún muy activa".
Desde ayer se sientan en el banquillo de los acusados el que fuera director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón; su 'numero dos' en aquella etapa, Miguel Castaño Miguel; el entonces funcionario de la Consejería de Interior José Manuel Pinto; y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro.
El origen de la causa se sitúa en las supuestas vigilancias que habrían realizado los encausados entre abril y mayo de 2008, coincidiendo con el Congreso Nacional del PP que se celebró en Valencia en junio. Las víctimas fueron Alfredo Prada, el que fuera vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y la exdiputada Carmen Rodríguez Flores. Eran "los oponentes políticos" de Aguirre, según el PSOE. Los denunciantes del caso no ejercen acusación en la vista oral, pero comparecerán como testigos.
En su alegación previa al Jurado Popular, la fiscal ha reprochado al PSOE y a la Comunidad de Madrid que sigan adelante con su acusación a base solo de "sospechas" y sin indicios penales, recalcando que no se respeta el principio de intervención mínima del derecho.
En las primeras horas del juicio, la letrada de la Administración de Justicia ha hecho lectura de los escritos de acusación y defensa. En su escrito, la defensa de los procesados Oreja y Pinto ha subrayado que sus clientes han sido objeto de "sobornos" y "amenazas de políticos" para que no hablaran.
Además, el abogado ha censurado que sus patrocinados hayan sufrido "un linchamiento mediático", acusando a los exaltos cargos del Gobierno regional en la etapa de Aguirre Salvador Victoria y a Lucía Figar de supuestamente "utilizar" a los medios para desacreditar a sus patrocinados.
"NO ES NI LA GÜRTEL, NI PÚNICA"
Otro de los letrados ha recriminado en su alegato previo a los socialistas que se "hayan empecinado" en que el juicio siga adelante por el hecho de que haya "unos papeles" que los ha podido elaborar "cualquiera". "Los denunciantes en esta causa son todos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid, qué casualidad", ha señalado criticando la "falta de rigor" de las acusaciones.
"No se confundan, esto no ni Gürtel ni Púnica, ni la Kitchen. Esto no es la Audiencia Nacional. Si fuera así, no habría jurado. Tengan cuidado con lo que oigan porque Púnica no tiene nada que ver. Que Granados se haya mencionado no tiene nada que ver con este procedimiento", ha recalcado el abogado dirigiéndose al Tribunal del Jurado. "Esto es una acusación política", ha zanjado.
En sus alegaciones, el abogado Ramón González Bosch ha recalcado "los 10 años de sufrimiento" que han vivido sus patrocinados. "Esto es una lucha de partidos y medios. En febrero, saltó el Gürtel. Miembros imputados en el Gürtel eran personas con un poder político inmenso", ha destacado a los que ha añadido que sus "defendidos están sentados en el banquillo por denunciar órdenes que no cumplieron".
"Se convirtieron en un peligro para la Comunidad. Y no hicieron nada con Aguirre y con González en la Presidencia. Por qué sigue la Comunidad si los denunciantes ya se han ido. Si se van, hay algo más. Hay una razón espuria, torticera. No hay causa penal. ¡Dónde están ahora los adalides de la limpieza de la Comunidad!", ha apostillado citando a Aguirre, González, Victoria y Figar. "Los verdaderos responsables no están aquí sentados", ha concluido.
PENAS DE ENTRE DOS Y CUATRO AÑOS DE CÁRCEL
El PSOE, que ejerce como acción popular, acusa a los seis acusados de un delito de malversación de caudales públicos en concepto de coautores, por el que les pide penas de entre dos y cuatro años de prisión e inhabilitación para cargo público hasta 8 años. Además, reclama que indemnicen 162.153 euros en concepto de la cantidad malversada.
La acusación que representa al Gobierno regional reprocha a los acusados el haber utilizado de manera ilícita los medios públicos que tenían destinados a su trabajo encomendado con razón de sus cargos, situando a Sergio Gamón como la persona que ordenó las tareas de seguimiento y dirigió de "forma determinante esta operación antijurídica". Les solicita multa de hasta 18.000 euros y suspensión de cargo público entre uno y 3 años.
Las acusaciones sostienen sus solicitudes penas en los informes policiales sobre los posicionamientos telefónicos, así como los partes manuscritos en los que quedaron patentes las supuestas tareas de seguimiento.
En sus alegaciones previas, la fiscal ha recordado que la causa fue archivada hasta en tres ocasiones, subrayando que los seguimientos no serían ilícitos a no ser que se haya producido una ilegalidad para ello. "En este caso, hay unos supuestos seguimientos y no tendría porque suponer la existencia del delito de malversación", ha dicho.
Además, ha señalado que los partes manuscritos de seguimientos no son "prueba", ya que se desconoce el origen y no hay garantías sobre su autenticidad porque podrían haber sido manipulados. "Esos documentos deben estar en cuarentena", ha indicado la fiscal, quien cree que no se ha respetado el principio de intervención mínima del derecho.
ABSOLUCIÓN
La Fiscalía de Madrid solicita la absolución de los acusados al considerar que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid.
Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Los seguimientos se habrían realizado en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008. Cobo y Prada, entonces, estaban considerados como rivales de Esperanza Aguirre.
SIN ACUSACIÓN FISCAL
Para el fiscal del caso, no ha quedado acreditada la intención de los acusados de utilizar o destinar medios públicos a usos ajenos a la función pública puesto que no han realizado y ni siquiera han ordenado "intencionadamente" ninguna actuación que no formase parte de las funciones públicas que les estaban encomendadas y, "consiguientemente, no se ha generado perjuicio alguno a la Comunidad de Madrid".
Además, señala que se han aportado al procedimiento documentos donde constan "supuestos" partes de seguimiento, que no han sido obtenidos de expedientes administrativos, "sino que han sido aportados al proceso por el periodista, sin que tales partes respondan a seguimientos reales realizados, pudiendo haber sido elaborados con un interés espurio por la persona que los entregó al citado periodista".
También recuerda que tres de los acusados (José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado) tenían dentro del desempeño de las funciones como asesores de seguridad la de controlar numerosos edificios públicos donde se ubicaban las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, y otros organismos y sedes oficiales "lugares donde solían acudir las personas a las que supuestamente se realizaban los seguimientos".
Por último, agrega que "los posicionamientos de los teléfonos de los acusados obtenidos a través de las antenas BTS de Telefónica no permiten determinar de forma precisa y exacta la posición física real de los teléfonos móviles, dado que, debido a la saturación, en ocasiones la señal de los teléfonos se redirige a otras antenas másalejadas de su ubicación real".
